Había una vez un referéndum

Los fonavistas exigen la renuncia de la ministra de economía. El mandatario advierte que de ganar el sí, subirán impuestos para garantizar devolución. Aportantes responden que acudirán a la OEA. La ministra de economía manifestó que sería inviable la devolución de los aportes del ex Fonavi. (La República, 26/08/2010)

Como ya lo hemos manifestado en comentarios anteriores, tiene sentido que se exija la misma rigurosidad para honrar las deudas que el Estado tiene dentro del país que la que aplica para honrar las obligaciones que tiene con entidades internacionales (CD 15/04/2010). Entre las posibles deudas internas que tiene el Estado peruano se puede mencionar al Fonavi, asunto que está ocupando cada vez más espacio en los medios conforme nos acercamos al día del referéndum. Ese día todos los peruanos decidiremos si se acepta una propuesta específica de devolución del fondo a los que aportaron.

Aquí vale la pena hacer la primera aclaración. No estamos votando para decidir si se devuelve o no el dinero a los aportantes al fondo. Votaremos a favor o en contra de una propuesta en especial de cómo se debe llevar a cabo esa devolución. De eso no se trata. Se trata de decidir cuál es la mejor manera de honrar esa deuda, que además aún debe ser definida.

Hacía ya unas semanas habíamos advertido que el tema de la devolución de lo aportado a Fonavi no estaba siendo correctamente discutido a pesar de todo lo que implica. En los últimos días la ministra de economía ha cumplido con informar que la devolución, como está planteada en esta propuesta, es prácticamente inviable. El presidente ha adelantado que, dado que no se sabe a ciencia cierta cuánto es lo que habría que devolver, existe la posibilidad que exceda las capacidades del fisco, lo que -según él- implicaría que habría que crear nuevos ingresos específicamente para este fin, lo cual resultaría bastante irónico si consideramos que así fue como comenzó todo.

Por lo pronto toca insistir en que el Tribunal Constitucional -el mismo que se manifestó a favor de la necesidad de un referéndum- le ha dejado al gobierno amplia libertad para definir cómo se honra la deuda (CD 05/08/2010), lo cual estaría entrando en conflicto con la propuesta por la que votaremos.

Primero, el fondo total del que se habla fue aportado no solamente por los fonavistas, sino también por los empleadores. De hecho, considerablemente la mayor parte fue aportada por estas empresas. El Tribunal Constitucional se ha manifestado acerca de que esa parte no tendría por qué ser devuelta. Eso ya reduce fuertemente el monto total y alivia la tensión de la ministra. No obstante, políticamente será muy complicado que los fonavistas organizados acepten esto.

Segundo, buena parte de este fondo ya se utilizó para construir viviendas para algunos aportantes -que es para lo que se creó el Fonavi- y para obras de infraestructura que mejoran el estándar de calidad de las viviendas existentes. Según el Tribunal Constitucional, esto tampoco tiene por qué ser devuelto, pues cumplió con su objetivo. Esto también resta del monto a ser devuelto (CD 06/08/2010). Aunque nuevamente sea políticamente complicado que se acepte.

Considerando estas dos restricciones hemos calculado que la devolución será de S/.3,000 millones y podría incluso ser inexistente. Esta realidad se encuentra muy por debajo de la que se insiste en difundir en los medios, lo cual sigue inflando expectativas gratuitamente.

Fuente: IPE

Restricciones a la libre desafiliación

• Regulación de pensión mínima en el SPP limita solicitudes de retorno
• Pese a que aportantes cumplen requisitos y obtendrían pensión mayor

César Abanto Revilla / Oswaldo Caballero Vildoso

Don Jorge es un ex trabajador que inició sus labores a mediados de los setenta y que en la actualidad, con más de 60 años de edad, decide poner fin a sus actividades para jubilarse. En este escenario, analiza las dos posibilidades que le ofrece el sistema: la jubilación por una AFP en el Sistema Privado (SPP), régimen al cual se afilió en 1993, o tentar la desafiliación para retornar al Sistema Nacional (SNP), régimen a cargo del Estado (ONP) al cual perteneció al iniciar sus labores, pues estaría inmerso en uno de los supuestos fijados por la Ley N° 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada.

Luego de consultar con su AFP respecto de las modalidades jubilatorias vigentes en el SPP, considera que le resultaría más ventajoso retornar al SNP, pues tomando en cuenta el ingreso percibido en los últimos años tendría una remuneración de referencial superior a los S/.1,000, por lo cual percibiría una pensión máxima (tope) de S/. 857.36. Inicia así su proceso administrativo de desafiliación, seguro de obtener una respuesta positiva al cumplir los requisitos fijados por la citada ley.

Meses después, recibe una carta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que le comunica que a pesar de cumplir con el supuesto fijado por ley, no procede su desafiliación al tener el derecho a una pensión mínima (PM) en el SPP por la suma de S/. 485, suma similar a la que percibiría en el SNP.

Dicha restricción está prevista por la Segunda Disposición Transitoria Final (2ª DTF) de la Ley N° 28991. Ante esta eventualidad, don Jorge formula una nueva solicitud de desafiliación, esta vez invocando la causa de falta de información deficiente al momento de la afiliación al SPP, establecida por el Tribunal Constitucional (TC) en la STC N° 1776-2004-AA/TC, ratificada por la STC N° 7281-2006-PA/TC, que fuera incorporada al proceso administrativo de desafiliación por la Resolución SBS N° 11718-2008. Sin embargo, recibe una idéntica respuesta, donde le ratifican la improcedencia de su desafiliación (ahora por esta causal), por la misma razón: tiene derecho a una PM en el SPP.

Don Jorge no entiende por qué debe permanecer en el régimen privado, donde obtendrá una pensión menor a la que le correspondería en el régimen público (SNP), pese a cumplir los supuestos a que alude la ley de desafiliación. Una restricción legal que afecta su derecho constitucional de acceso a la pensión dentro del régimen pensionario que más le conviene.

Revisión del problema

Cuando el SPP es creado a finales de 1992 para coexistir con el SNP en una aparente competencia, en la cual se fijaron una serie de ventajas al régimen privado y –en forma paralela– reglas desalentadoras para el régimen público, existía la posibilidad de retornar de uno a otro (reversibilidad), pero ello duró solo hasta mediados de 1996.

Recién en 1998 se habilita nuevamente la posibilidad de retornar del SPP al SNP a partir de causales de nulidad del contrato de afiliación, pero eran tan restrictivas y específicas que no comprendían los supuestos de la mayoría de afiliados.

A inicios de 2007, el TC dicta la STC N° 1776-2004-AA/TC, que establece tres causales para la desafiliación del SPP, que luego son reproducidas (en parte) por la Ley N° 28991 (que omitió la causal de información deficiente), ante lo cual se inicia un conflicto entre el Poder Ejecutivo (que se negaba a regular dicha causal) y el TC (que dictaba día a día cientos de sentencias acogiéndola), que finalizó el 15/05/2009 al ser publicada la STC N° 0014-2007-PI/TC, que declaró la inconstitucionalidad (en parte) de la citada ley, ratificando –entre otros puntos– la validez de la citada causal.

El problema planteado, sin embargo, no es evaluar las causales de desafiliación, sino publicitar la existencia de una restricción oculta en la norma, que al no ser parte del petitorio de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley N° 28991, no podía ser revisada por el TC: la 2ª DTF, que impide beneficiarse con la desafiliación a aquellos que –a pesar de estar en los supuestos previstos por la norma– no podrán retornar al SNP por tener derecho a una PM en el SPP, sin importar si el monto de la pensión a percibir en el régimen público pudiese ser mayor.

La pensión minima en la legislación y la jurisprudencia

La Pensión Mínima (PM) en el SPP fue creada el 18/07/1995 (Ley N° 26504), pero recién fue regulada a partir del 01/01/2002 (Ley N° 27617), cercqa de 10 años después de la creación de dicho régimen.

La finalidad era permitir que los afiliados del SPP cuyas cuentas registraran montos insuficientes en su cuenta individual para acceder a una pensión decorosa tuvieran una prestación mínima garantizada.

Los requisitos para acceder a dicho beneficio era: haber nacido antes de 31/12/1945, acreditar un mínimo de 20 años de aportes entre el SNP y el SPP, y haber aportado teniendo como base el valor de la RMV en cada oportunidad de pago. Si en la STC N° 0050-2004-AI/TC, el TC señaló como uno de los elementos que conforman el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión el derecho de acceder a dicha prestación (F107), el mismo que en la STC N° 1776-2004-AA/TC se tomó como referente al señalar que formaba parte de dicha potestad la posibilidad de que el afiliado elija el régimen al cual desea pertenecer.

¿Puede la restricción legal prevista por la 2ª DTF de la Ley N° 28991 ser aplicada por encima o preferentemente respecto a los parámetros fijados por el TC en cuanto al derecho a la pensión? En tanto, el F19 de la STC N° 0014-2007-PI/TC indica que la sola invocación a la causal de información deficiente bastaría para obtener la desafiliación (al retrotraer los efectos hasta el momento previo al acto vulneratorio de afiliación indebida al SPP).

SBS debería evitar demandas

La SBS no debería limitarse a la aplicación de la norma cuestionada (2ª DTF), sino que debería verificar, basándose en el Reporte Situacional (RESIT) del SPP y el SNP, si el monto de la pensión que obtendría el afiliado en el régimen público sería mayor que la PM del SPP, y de ser así, debería conceder la desafiliación; de lo contrario estaremos frente a un reclamo que originará en el corto plazo la interposición de cientos de demandas de amparo en contra del Estado para obtener dicho beneficio: el derecho constitucional a la pensión (y el acceso al régimen más favorable) en contra de una restricción legal, a partir de la aplicación del control difuso constitucional.

Colofón

1. El caso de don Jorge fue planteado como un ejemplo hipotético.
2. Lamentablemente, es un caso de la vida real de los cientos que se repiten día a día con miles de afiliados al SPP que buscan su desafiliación por estar convencidos de que percibirán una pensión mayor (y más justa) en el SNP.
3. Sin embargo, se ven atrapados por una restricción legal en mérito a la cual quedan obligados a permanecer eternamente en un sistema previsional en el cual no desean estar, siendo forzados a percibir una pensión menor a la que les correspondería pertenecer.

Fuente: El Peruano

Celebremos una mayoría de empleos adecuados en Lima

En el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2010, el ingreso promedio mensual de los trabajadores de Lima Metropolitana se situó en S/. 1,063.6, monto superior en 0.3% a lo registrado en el similar periodo del año anterior. (Gestión, 17/08/2010)

Los diarios de hoy destacan el fuerte crecimiento de la producción en el mes de junio, mes que marca el décimo segundo mes de recuperación del PBI, que tocó fondo en junio del 2009. Si bien el crecimiento del producto en casi 12% en junio es una excelente noticia, quizás más importante es el 11.2% de aumento en el número de trabajadores adecuadamente empleados, según las cifras de empleo en Lima en el trimestre mayo-julio que también se publicaron ayer. Y es que, además de registrarse un aumento de 5% en el número total de trabajadores empleados (203,000 nuevos empleos en un año en Lima) por primera vez desde que se mide esta cifra (ver gráfico), la mayoría de los trabajadores limeños (50.6%) están hoy adecuadamente empleados. Es importante notar que la condición de adecuadamente empleado incluye tanto el hecho de que se trabaje más de 35 horas a la semana como que se tenga un nivel de ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica de consumo. El alcanzar una mayoría de trabajadores adecuadamente empleados es un hito histórico que no ha recibido la atención que merece.

El crecimiento del empleo viene ligado al crecimiento del producto, lo cual se evidencia al constatar que el empleo en el sector construcción en Lima creció en 21,6% en un año, cifra que podría parecer increíble a quien no hubiera visto la cantidad de nuevas casas, edificios y centros comerciales que aparecen en Lima y la cantidad de obras viales que nos sacan de quicio diariamente por su efecto sobre el tráfico. Además, las nuevas cifras de empleo también muestran que hay varias características destacables en el aumento de empleo que se viene registrando sostenidamente en los últimos años.

En primer lugar, en el último año, el empleo ha crecido fuertemente (6.4%) entre los trabajadores jóvenes de entre 14 y 24 años. Esto es muy bueno, porque este grupo es el que en casi todos los países enfrenta las mayores dificultades para encontrar empleo adecuado. En segundo lugar, el empleo ha crecido también fuertemente (6.8%) entre las mujeres, otro grupo de la población que tradicionalmente sufre menores tasas de empleo. En tercer lugar, el crecimiento del empleo fue especialmente fuerte entre las pequeñas y medianas empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores (un impresionante 16%).

 

Además del crecimiento del empleo, también se han registrado mejoras (aunque menos marcadas) en las remuneraciones, destacando el aumento de 5.2% entre los trabajadores de 14 a 24 años. Sin embargo, algunos medios equivocadamente han anunciado que las cifras publicadas indican que las remuneraciones se han estancado. El motivo de la confusión es el siguiente: al haber aumentado fuertemente el empleo entre los jóvenes que usualmente tienen menores ingresos, el promedio de todos los sueldos (que ahora es afectado por más trabajadores jóvenes) aumenta muy poco. Aún así, el incremento de las remuneraciones ha sido en general menor al aumento en el empleo, lo cual se explica justamente por el elevado número de trabajadores desempleados o subempleados. Conforme siga aumentando el empleo, las presiones del mercado irán llevando a mejoras más importantes en las remuneraciones.

Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene el nivel de educación del trabajador sobre sus remuneraciones. En efecto, comparado con los trabajadores que tienen educación primaria, los que tienen educación secundaria ganan en promedio 29% más, y los que tienen educación superior ganan en promedio casi el triple. Esto nuevamente nos demuestra que a largo plazo el factor más importante para mejorar tanto las remuneraciones como la distribución del ingreso es la mayor productividad que resulta de trabajadores mejor educados.

De Juntos para el adulto mayor a pensiones universales

Vamos a apoyar a los mayores de 75 años que no tengan pensión y que vivan en extrema pobreza, con una transferencia mensual en forma similar al del programa Juntos para ayudar a su vida diaria. (Mensaje Presidencial, 28/07/2010)

Siendo el reciente mensaje presidencial el último del periodo 2006-11 y considerando la tónica de los discursos previos (de esta y las anteriores administraciones) -interminables enumeraciones de millones de soles, cientos de kilómetros y toneladas de cemento-, casi nadie esperaba que se anunciaran grandes cambios para el último año del segundo gobierno del presidente Alan García. Así con todo, analizaremos una novedad: el subsidio anunciado “a los mayores de 75 años que no tengan pensión y que vivan en extrema pobreza” y, mirando más adelante, plantearemos los lineamientos para una propuesta de universalización de pensiones en el Perú.

En nuestro país ningún adulto mayor de 75 años que sobrevive en situación de pobreza extrema recibe pensión alguna, terrible dato que nos recuerda los serios problemas de subcobertura -solo se atiende a una fracción de los peruanos que se debería cubrir- y filtración -se incluye a muchos ciudadanos a los que no se debería cubrir- que siguen padeciendo los programas sociales en nuestro país. La propuesta presidencial precisó que se apoyaría al grupo objetivo “con una transferencia mensual en forma similar a la del programa Juntos”. ¿Se refirió al monto (S/.100)? ¿También se condicionará el subsidio? ¿Hay suficiente oferta de otros servicios públicos para el grupo en cuestión que permita condicionar efectivamente el subsidio? Ojalá éste se focalice adecuadamente. Para eso se podría utilizar el Sistema de Focalización de Hogares del MEF, por ejemplo. Ojalá se publique y actualice regularmente el padrón de beneficiarios del subsidio.

La propuesta presidencial vuelve a poner sobre el tapete qué debe hacerse para ampliar la cobertura previsional en nuestro país y en qué medida ello contribuiría al bienestar. La Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza publicó, hace poco más de un año, un valioso documento sobre pensiones no contributivas, un mecanismo de lucha contra la pobreza que es realista al reconocer que el empleo es mayoritariamente informal en nuestro país. Si bien éste es un mecanismo que debería recoger cualquier propuesta de universalización de pensiones en nuestro país, quisiéramos delinear una propuesta conceptual más amplia.

Si bien coincidimos en que el espíritu de la iniciativa es positivo, hemos criticado que el Aseguramiento Universal de Salud (AUS) se asiente sobre un sistema ineficiente e inequitativo (CD 19/07/2010). El AUS no promueve la competencia en la provisión de servicios de salud. Además, al lanzarlo se perdió la oportunidad de focalizar adecuadamente el aseguramiento de salud vigente. De un lado, no se han focalizado EsSalud y otros esquemas de aseguramiento de salud públicos, que siguen subsidiando la atención a personas de ingresos medios altos y altos, mientras atienden mal o no atienden a quienes deberían. No solo no se hizo la reforma previa, sino que EsSalud y AUS ya “compiten”, disfuncionalmente por recursos y favores públicos. De otro lado, tampoco se ha focalizado el Seguro Integral de Salud, el cual fue creado y reformado de manera populista.

No se deben cometer los mismos errores en una eventual universalización de las pensiones en nuestro país. Previamente se deben reducir drásticamente las barreras a la entrada a la provisión de pensiones privadas. Algunos creemos que sería una buena idea centralizar y regular la administración de las cuentas del Sistema Privado de Pensiones, para liberalizar la administración de las pensiones en una decena o más de proveedores. Tras una reforma que incluiría esta medida, deberían unificarse todos los sistemas previsionales bajo administración privada de cuentas individuales, incluyendo los de las fuerzas armadas y policiales. Pensiones no contributivas y un pilar solidario completarían este esquema, que, bien diseñado, se constituiría en un poderoso incentivo a la formalización.

 

Fuente: IPE

Aseguramiento universal de salud en Lima, morada de indigentes

El programa de Aseguramiento Universal en Salud (AUS) busca incluir a quienes aún no tienen ningún seguro médico. Al integrar la oferta en este campo, también ayudará a sincerar el padrón de asegurados al Seguro Integral de Salud (SIS) y al Seguro Social (ESSALUD). (El Comercio, 17/07/1010)

Tras haber iniciado el programa piloto del aseguramiento universal de salud en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, el gobierno lo extenderá en Lima a 300 mil personas “sin recursos” y a 2.7 millones de trabajadores independientes que no están asegurados (ver Nota MINSA). ¿Se concursó la evaluación independiente del piloto? ¿Se ha elaborado una línea de base? ¿Se hará una evaluación de impacto?

Nos llama la atención que una reforma de esta trascendencia siga suscitando tan poca atención, no solo de los futuros asegurados que no se han inscrito al ritmo esperado, sino de los líderes políticos y la opinión pública. Aprovechando que se ha publicado el reglamento de la ley que implementa la reforma y que se ha ampliado el programa piloto a Lima, actualizaremos nuestra opinión sobre el tema (CD 29/03/2010).

Como puede observarse en los dos gráficos adjuntos, 11.5 millones y 8.6 millones de peruanos, especialmente los más pobres, respectivamente, no tienen seguro de salud alguno, de un lado, o se automedican o los atienden curanderos, de otro. El seguro universal promoverá un mayor acceso a oportunidades básicas para la mayoría, reduciendo la inequidad y las tremendas pérdidas de capital humano asociadas a enfermedades previsibles que no se atendieron adecuadamente. No solo en el caso de quienes se atienden en servicios médicos formales, se reducirán los gastos en salud, privados y públicos, ya que prevenir es bastante más costo efectivo que curar o intentar hacerlo. Si bien la universalización de las pensiones ni siquiera es parte del debate público aún, nos sigue pareciendo que se perdió la oportunidad de diseñar el seguro recordando que el combo sería muy útil en la formalización de la quinta economía más informal del mundo.

El que se haya desechado la idea original de seguir avanzando con programas piloto fuera de Lima refuerza la preocupación acerca de si se focalizara adecuadamente este programa: Lima Metropolitana solo tenía 0.2% de pobres extremos en el año 2009. Además de uno de los gráficos que ya citamos, recordemos, por ejemplo, que el Seguro Integral de Salud tuvo una filtración de 39.7% -aseguró a dos de cada cinco peruanos a los que no debió asegurar- y una subcobertura de 45.8% el año 2008 -solo aseguró a la mitad de los peruanos a los que debió asegurar-. ¿Se usará el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del MEF para el aseguramiento universal? ¿Se publicará el padrón de beneficiarios?

El Ministro Ugarte declaró que los planes de atención variarán por cada entidad donde se contrate el seguro, lo que “generará una sana competencia entre entidades de salud y permitirá descentralizar la cobertura”. Añadió que el Plan Esencial de Atención de Salud homogenizará la cobertura mínima de los diversos seguros médicos existentes, a fin de mantener estándares de calidad en atención. Gracias a esta medida se reducirá la asimetría de información entre proveedores de servicios de salud y usuarios. No nos parece que se esté haciendo lo necesario por promover la competencia en la provisión de los servicios de salud, sin embargo, ya que se seguirá subsidiando la oferta pública. Un sistema de cupones que permitiera a los usuarios elegir su proveedor público o financiar parcialmente al privado sería mucho más eficiente.

 

Fuente: IPE

IV CONCURSO LABORAL UNIVERSITARIO

“La Sociedad Peruana en busca de los mejores trabajos universitarios de investigación laboral”

La Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SPDTSS), en el marco del Cuarto Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que se realizará en la ciudad de Cusco entre los días 27 al 29 de octubre de 2010, convoca el Concurso Laboral Universitario a la Mejor Investigación Laboral.

¿Quiénes pueden participar?

Alumnos de pregrado de todas las universidades del país y quienes hubieran egresado hasta el ciclo inmediato anterior (*) a la fecha máxima de presentación de los ensayos, especialmente de las facultades de Derecho, Ciencias Sociales o Económicas, y Relaciones Laborales. Podrán participar los alumnos que presentaron ensayos en las versiones anteriores del concurso siempre que sea un trabajo distinto.

(*) Ello no aplicará para las universidades con ciclos anuales, por tanto, solo podrán participar los egresados en el ciclo concluido en julio/agosto 2010.

¿Cuál es la fecha máxima de entrega de los ensayos?

La fecha máxima de presentación es el 15 de setiembre de 2010.

¿Cuáles son los temas?

Las ponencias deben versar sobre temas de Derecho Laboral o de Seguridad Social, de acuerdo a los estudios universitarios del autor.

¿Qué características tendrán los ensayos?

Deben ser individuales, inéditos, redactados con rigurosidad ortográfica, académica, y contar con soporte bibliográfico, así como presentar conclusiones personales. Pueden referirse a temas teóricos, la descripción de un aspecto del mercado laboral, o estudios comparativos en general, en tanto signifiquen un aporte o novedad en dichas materias.

Los textos (sin incluir carátula, índice ni bibliografía) deben tener una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 20 páginas, redactados en letra Arial 12, a un espacio (interlineado sencillo) y en formato word.

Las notas deben ir al pie de página y deberá tener los siguientes márgenes: (i) 2.54 cms superior e inferior, (ii) 3.17 cms derecho e izquierdo.

La estructura debe contar con índice, introducción, conclusiones y bibliografía.

Se deberá indicar el nombre completo del concursante, la universidad (precisando la provincia y departamento), la facultad, domicilio personal, correo electrónico y número telefónico.

No se aceptarán trabajos que no cumplan con las pautas establecidas.

¿Cuáles son los premios del concurso?

Los cinco finalistas (tres ganadores y dos menciones honrosas) tendrán derecho a la inscripción gratuita en el Cuarto Congreso Nacional de la SPDTSS que se realizará en la ciudad de Cusco los días 27 al 29 de Octubre de 2010, así como al pago del transporte (ida y vuelta) por vía terrestre. Esto último no aplicará a los residentes en Cusco.

Asimismo, sus trabajos serán publicados por la SPDTSS en la Revista “Laborem” y recibirán las publicaciones de la SPDTSS que determine la Comisión.

Adicionalmente, los tres primeros finalistas recibirán los siguientes premios (en efectivo):

a) US$ 500 dólares americanos para el primer puesto.

b) US$ 300 dólares americanos para el segundo puesto.

c) US$ 200 dólares americanos para el tercer puesto.

¿Dónde pueden enviarse los ensayos?

Los ensayos podrán enviarse por correo electrónico hasta el 15 de setiembre de 2010 a las siguientes direcciones:

(1) rgsaco@pucp.edu.pe

(2) Isabel.doctora@gmail.com

(3) lgamarra@congreso.gob.pe

(4) cesarpuntriano@hotmail.com

Fuente: SPDTSS

Mejor de salud: el proyecto de ley sobre las EPS

El pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que obliga a las instituciones aseguradoras o empresas prestadoras de salud (EPS) a mantener la cobertura médica sobre las enfermedades que aquejan al trabajador. (El Comercio, 23/06/2010).

El pleno del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que obliga a las EPS a mantener la cobertura de enfermedades pre-existentes para aquellos asegurados que cambien de trabajo o de contrato de seguro, siempre y cuando el nuevo seguro sea contratado dentro de un plazo de 90 días de la terminación del seguro anterior (ver estado previo de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en el Perú y su reglamento). La norma ha sido bien recibida, en términos generales, tanto por los asegurados beneficiados como por los representantes de las empresas de seguros, si bien estos últimos han señalado algunas preocupaciones referentes a la aplicación de la ley.

En nuestra opinión, la norma es de gran importancia para fortalecer el sistema privado de prestaciones de salud y asegurar un tratamiento justo de los afiliados al mismo. La regulación adecuada de los sistemas de seguros, sean de salud, vida u otros, es fundamental para el funcionamiento de un sistema basado en la confianza en el largo plazo, en la gestión prudente de los recursos aportados por los asegurados y en la asignación eficiente de los costos generados por los riesgos de la población asegurada. La continuidad del seguro de salud, es decir, el mantenimiento de las condiciones del seguro entre un contrato y otro, es una característica fundamental para un sistema exitoso, ya que asegura la posibilidad de competencia y ofrece opciones al asegurado. Por ello, la continuidad es garantizada por los sistemas de seguro de salud de diversos países.

Debe notarse, además, que como los sistemas de seguro de salud funcionan sobre la base del uso de las estadísticas promedio de grandes poblaciones, los movimientos de asegurados individuales entre una aseguradora y otra deberían estar previstos en los cálculos agregados de costo de las aseguradoras. Por ello, el solo hecho de que se obligue a mantener el seguro para el caso de las llamadas enfermedades pre-existentes no debería de generar costos adicionales para el sistema en su conjunto, mientras que representa un gran beneficio para los asegurados.

Un tema distinto es cómo se reparten los costos relacionados con estas enfermedades pre-existentes entre las empresas que conforman el sistema. Esto es particularmente importante en el caso peruano ya que para los asegurados de las EPS, Essalud mantiene responsabilidades para el caso de enfermedades de mayor complejidad. Por ello, es también importante que los costos de los servicios cubiertos por las EPS y Essalud sean correctamente distribuidos en función a los servicios efectivamente brindados a los asegurados en conjunto. Para ello se debe tener un sistema de información moderno y completo que permita identificar la incidencia de las enfermedades y los costos de sus tratamientos, lo cual además permite identificar las mejores prácticas y las ventajas de la prevención sobre el tratamiento de las enfermedades. Tomando en cuenta que este mercado es uno en el cual existe una gran asimetría de información entre los asegurados y las aseguradoras (es decir, los asegurados tienen menos información y menor capacidad de manejarla en comparación con las empresas aseguradoras), le compete al regulador evitar que esta asimetría genere situaciones de abuso de dicha ventaja por parte de las aseguradoras. Esto es especialmente cierto en el caso peruano, en el cual existe una alta concentración en el mercado de seguros.

 

Fuente: IPE

Para renunciar al trabajo hay que avisar al empleador 30 días antes

Las empresas deberían estar preparadas para la salida de personal.

Por: Claudia Paan

En algún momento de nuestra vida laboral, hemos dicho —o pensado decir— adiós a la empresa en la que trabajábamos, fuera por una mejor propuesta salarial, por nuevos proyectos personales o por nuestra incomodidad con el ambiente laboral.

Si piensa dejar su empresa y nunca antes ha presentado una renuncia, tenga en cuenta que esa decisión debe comunicarla al empleador con un mes de anticipación como mínimo.

El laboralista Víctor Ferro señala que si un trabajador se retira sin dar un preaviso, esta lo podría despedir por abandono del trabajo. Pero también es factible que el empleador lo exonere de esa obligación.

Así, el trabajador renunciante podrá recibir la liquidación de sus beneficios sociales: pago de la CTS (la fracción que no le ha sido depositada), el monto por vacaciones truncas y el pago de las gratificaciones correspondientes al semestre, esto último si no se realizaron los depósitos en los meses indicados.

Además de estos beneficios, explica el laboralista Jorge Toyama, el trabajador no recibe ningún pago extra así ocupe un cargo importante o sea un talento valioso para la empresa.

LA NEGOCIACIÓN

Últimamente, cuando las empresas están interesadas en la salida de un trabajador, acuerdan con este su renuncia a cambio de beneficios.

En estos casos —coinciden Ferro y Toyama— sí es posible negociar la salida. Cuanto mayor es la urgencia de la empresa por la renuncia, mayores serán los incentivos ofrecidos. “Obviamente, el trabajador no está obligado a retirarse”, aclara Toyama.

Pero no en todos los casos el colaborador recibe algún beneficio y su salida se maneja por un mutuo acuerdo entre las partes.

A veces ocurre que los superiores los amenazan con tomar represalias, o se ven forzados a firmar un papel en blanco al momento de entrar a la compañía para que, cuando esta decida prescindir de sus servicios, pueda argumentar que el trabajador renunció.

Ante este último incidente, el agraviado puede solicitar un informe pericial que pruebe el delito, con lo cual el documento puede ser anulado y la empresa, sancionada. Pero en caso de recibir alguna amenaza, será difícil para el trabajador demostrar el atropello.

“Judicialmente, es aceptado que la renuncia sea nula cuando el trabajador deja constancia en la carta de renuncia, por ejemplo, que fue obligado a hacerlo”, afirma el laboralista.

De otro lado, existen ocasiones en las que el trabajador no puede renunciar, dado que ha suscrito un contrato por un período determinado de tiempo y para cumplir una actividad específica. Si el empleado decide hacerlo, la empresa tiene todas las facultades para demandarlo por incumplimiento de contrato.

ADIÓS TALENTO

La salida de un trabajador muchas veces significa la pérdida de talento. Para evitar esta situación, las empresas deben implementar programas que aseguren la permanencia y captación de nuevos empleados.

Adolfo González, socio director de TASA Worldwide Perú, recomienda a las empresas tener un clima laboral apropiado, invertir en su capital humano a través de capacitaciones, implementar bonos de retención solo para los puestos más importantes y tener planes de sucesiones.

A SU SERVICIO

Siempre deje una buena imagen

En caso de que no esté a gusto con su ambiente de trabajo, busque una solución con su empleador antes de presentar su renuncia, recomienda Gisela Medina, consultora organizacional del Centro de Desarrollo Personal y Profesional Perfil.

Salir en buenos términos le asegura buenas recomendaciones y la posibilidad de retornar a su puesto.

Por más mala que haya sido su experiencia, no hable mal de su antiguo trabajo. No se verá muy bien frente a sus nuevos jefes.

Fuente: El Comercio

Planeando su jubilación

En estos tiempos, la mayoría prefiere disfrutar el presente y ver el futuro desde lejos. Sin embargo, en algún momento, debemos haber imaginado tener una vejez tranquila, viviendo en una casa de campo o viajando por el mundo a los lugares soñados. Pero... ¿ha pensado cómo poder sostener esa calidad de vida cuando se jubile?

Si quiere tener un retiro cómodo, lo debería ir planeando desde ahora. Un primer paso sería saber la cantidad de dinero que será necesario acumular en su AFP o ahorrar durante su vida activa para obtener un ingreso adecuado luego de su jubilación.

Si usted aspira a una pensión equivalente a una remuneración mínima vital (S/. 550), debe reunir un fondo previsional de S/. 92,000, cifra que se compone de los aportes mensuales que hace a su AFP y de la rentabilidad que esta obtiene al invertir dichos fondos.

Pero si uno anhela, por ejemplo, una pensión de S/. 10,000, como muchos lo deben desear, debe acumular, en su vida laboral, un fondo aproximado de S/. 1.7 millones. ¿Cuántos podrán juntar esta cantidad al cumplir los 65 años? Supongo que muy pocos.

El tema es más complicado para las personas que optan por el régimen previsional del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP y que opera bajo un mecanismo de reparto, en el que los trabajadores activos van financiando las pensiones de los que pasan al retiro. Acá el asegurado aporta el 13% de su salario y al momento de su jubilación (a los 65 años con al menos 20 años de aportes) recibirá una pensión mínima de S/. 415 y como máximo de S/. 857.

Es evidente que hay mejores posibilidades en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las AFP y que se caracteriza por ser un régimen de capitalización individual, en el que la pensión depende directamente de los aportes realizados y de la rentabilidad obtenida de su fondo.

Actualmente, hay 4.5 millones de afiliados a las AFP, y estas empresas administran un fondo de pensiones, nada despreciable, que ya supera los US$ 25,000 millones, equivalente al 35% del total de la liquidez manejada por el sistema financiero, el 18% del PBI y el 87% del ahorro interno. Las AFP cobran por administrar los fondos una comisión (calculada sobre la base de la remuneración asegurable del afiliado) que varía de acuerdo a cada AFP y al tipo fondo que administra.

La rentabilidad que se obtenga está en función al fondo que los afiliados escojan. Pueden elegir entre tres tipos de fondos para que sus pensiones sean invertidas según el nivel de riesgo que cada uno esté dispuesto a soportar. Las personas próximas a jubilarse tienen muy poca aversión al riesgo y generalmente optan por el fondo conservador.

Si uno quiere aumentar su fondo y asegurar una mejor pensión, puede abrir una cuenta de aportes voluntarios en el tipo de fondo que prefiera.

Se debe tener en cuenta que el dinero invertido o ahorrado durante toda la vida laboral será el colchón para nuestra jubilación.

En este sentido, contar con una buena estrategia para juntar el dinero deseado, así como controlar los aportes y los beneficios del plan elegido para su jubilación serán muy importantes.

¿Los peruanos somos previsores con la jubilación? ¿Ud. destina recursos para preparar su retiro? Responda a estas interrogantes o cuéntenos cualquier inquietud sobre el tema.

CONTACTO ECONÓMICO

Oscar Gonzáles Estrada

Las AFP podrán invertir US$ 500 millones más en el exterior

El Banco Central elevó a 26% el límite de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones fuera del país.

El Banco Central de Reserva (BCR) del Perú aprobó elevar el límite de inversión en el exterior de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de 24 a 26%, con el objetivo de que estas instituciones puedan continuar diversificando su cartera de inversiones.

Indicó que dicho incremento representa aproximadamente 500 millones de dólares adicionales que las AFP podrán invertir en los mercados internacionales.

Al 11 de junio, las AFP tenían invertido en el exterior el 22.4% de los fondos de pensiones. El BCR recordó que el último incremento se realizó en enero de 2010, cuando se pasó de un límite operativo de 22 a 24%.

Actualmente las inversiones de las AFP en el exterior tienen un límite legal de 30%, de acuerdo a una norma aprobada por el Congreso de la República.

Desde noviembre de 2006, el BCR ha venido incrementado gradualmente el límite operativo para las inversiones en el exterior, pasando de 10.5% hasta el límite actual de 26%.

El nuevo límite entrará en vigencia a partir del día de la publicación de la Circular N° 015-2010-BCRP en el diario oficial El Peruano.

ANDINA – 16/06/10

Adjudican 2 hospitales vía el sistema público privado

EN ESSALUD. La nueva alternativa en el seguro. Pero surgen voces discrepantes. Congresista Abugattás afirma que no es rentable y afectará al asegurado y al país.

Omar Mariluz.

La construcción de nuevos hospitales bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) ha despertado un intenso debate en las últimas semanas. El congresista Daniel Abugattás asegura que el Estado terminará pagando S/. 342 más por cada asegurado bajo este sistema.

EsSalud ya adjudicó la construcción de un hospital en el Callao y otro en Villa María del Triunfo al consorcio español BM3 Salud. Y ante las suspicacias, el parlamentario revisó ambos contratos y descubrió que el Estado pagará al privado S/. 989 por asegurado, mientras bajo el modelo tradicional se aporta S/.647 en promedio.

“Dicen que es mucho más barato que el servicio que brindan ellos, cosa que no es cierta, porque si hacemos una simple operación del presupuesto de seguridad social con el número total de afiliados, el total de egresos que tiene EsSalud es 5 mil 500 millones de soles al año y son 8 millones y medio de asegurados, dividiendo sale S/.647 por asegurado”, cuestionó.

Precio diferenciado por hospital

La respuesta a los cuestionamientos del legislador nacionalista no se hizo esperar. Alfredo Barredo, gerente central de Prestaciones de EsSalud, explicó a La República que en todo el sistema de seguridad social existen hospitales de diferentes niveles y en cada uno un costo diferente por asegurado.

Señaló que el nivel de los hospitales que se van a construir bajo la modalidad de APP solo se encuentra por debajo del hospital Rebagliati y resaltó que el costo por asegurado hubiese sido similar para EsSalud si el Estado construía un hospital de ese nivel.

“No se puede hablar de costos sin hablar de nivel de atención, porque si no yo también puedo sacar el costo de una posta médica comparado con un hospital nacional (...) Si yo divido S/.5 mil millones entre 8 millones de asegurados me va a salir una cantidad per cápita por asegurado, pero no el valor real por usuario”, respondió.

Otros pagos

Pero el congresista Abugattás no solo apuntaló sus dardos al costo por asegurado. El nacionalista también criticó el pago anual que abonará el Estado al consorcio privado, que según estimó bordeará los S/.15 mil millones durante los 32 años que durará las APP de los dos hospitales. “Cuando alguien hace una industria, nadie está esperando que el Estado le devuelva su inversión, por más concesión que sea”, dijo.

En este punto Barredo afirmó que a la larga la construcción resulta costosa porque el aporte del privado funciona como un crédito que se debe devolver. Pero aseguró que el monto de US$ 65 millones anuales por hospital que dará el Estado hubiese sido similar si EsSalud operaba los hospitales.

BM3 entregará los hospitales el 2012

El funcionario de EsSalud aseguró que el consorcio español BM3 Salud iniciará la construcción de los hospitales del Callao y Villa María del Triunfo a fines de setiembre y, según el cronograma, tienen previsto iniciar las operaciones en ambos nosocomios entre julio y agosto del 2012. Aunque comentó que es probable que empiecen algunos meses antes.

Los hospitales adjudicados bajo la modalidad de APP tendrán una capacidad de 250 camas y atenderán a 250 mil asegurados cada uno. Barredo asegura que con el ingreso de estos dos nuevos hospitales la brecha de atención actual de la seguridad social se reducirá de 10% a 5%.

Bajo la modalidad de APP también se ha adjudicado toda la Red de almacenes y farmacias de Lima del Seguro Social de Salud.

Fuente: La República

¿No es país para viejos?

Saber a dónde ir y, no menos importante, saber cómo llegar allí son dos procesos distintos que suelen enfrentar las empresas y los gobiernos, cuando estos se trazan objetivos. Y uno de los objetivos que ya deberían empezar a definir ambos sectores es el de la nueva agenda para una fuerza laboral de trabajadores mayores.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre el 2025 y el 2030, doce millones de personas por año estarán saliendo de la fuerza laboral mundial. Los países que afrontan la mayor amenaza son aquellos con poblaciones más veteranas, especialmente Japón, Italia y Alemania. Este efecto, si no se prevén las medidas necesarias, podría provocar un efecto paralizador en no pocas economías nacionales.

De acuerdo a Bruno Tobback, un especialista en estos temas, para el 2050, en Europa habrá solamente una persona activa por cada persona jubilada. Y, según The Economist, en el caso de Japón, se espera que su fuerza laboral se reduzca en un 16% (es decir, alrededor de 10 millones de personas) en los próximos 25 años.

Las poblaciones están envejeciendo aceleradamente y, a la par, están descendiendo las tasas de natalidad, lo que da pie a que los empresarios empiecen a preguntarse: ¿de dónde van a salir los trabajadores del futuro?

Una economía que aspire al desarrollo sostenido no puede darse el lujo de permitir que las habilidades de los trabajadores mayores se desperdicien. Sin embargo, ocurre que muchas veces las empresas no consideran como algo clave e importante retener a los trabajadores mayores, porque no valoran en su exacta dimensión que estos tienden a ser más confiables, más dedicados y más leales a sus empleadores que sus colegas más jóvenes.

Adicionalmente, no han caído en cuenta que, gracias a los avances de la ciencia, el promedio de vida se ha prolongado. Más todavía. Asumen que los empleados fogueados, que rondan los cincuenta años, no están interesados ya en capacitarse o en ampliar sus conocimientos, ni van a aportar más de lo que han dado. En consecuencia, el objetivo de la retención no es tomado en cuenta.

Empero, el trabajador maduro puede ofrecer más. Y quiere hacerlo. Una encuesta de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladasindica que casi un 70% de los trabajadores que todavía no se ha jubilado quisiera seguir trabajando más allá de su edad jubilatoria, porque entienden que la jubilación no supone necesariamente renunciar a trabajar, sino abarcar nuevas alternativas laborales para seguir activos.

Otro sondeo reciente, realizado por Manpower, a más de 28 mil empleadores de 25 países, reveló que apenas el 14% de esos empleadores implementa estrategias para reclutar a trabajadores mayores y solo un 21 por ciento tiene estrategias para atraer a adultos maduros. Entre estos últimos, destacan Singapur y Japón, cuyos gobiernos han iniciado exitosamente procesos para mejorar la empleabilidad de la fuerza laboral de edad avanzada y desarrollar estrategias de retención, respectivamente.

Así, como vienen desarrollándose los acontecimientos, las economías sólo serán sostenibles con mercados laborales sólidos y vigorosos, que además sean inclusivos con los trabajadores mayores.

El reto de los gobiernos estriba en cómo alinear los intereses y las habilidades de los adultos mayores con los intereses y requerimientos de los empresarios. Y hacerlo, por cierto, previsoramente, con visión de futuro, antes de que explote la burbuja de las jubilaciones, que podría suscitar estragos impredecibles. Resolver este problema del futuro debería ser una prioridad en la agenda de hoy, por parte de los líderes políticos y de los hombres de empresa.

Felipe Aguirre

Gerente general de Manpower.

Fuente: Diario Gestión

Estos niños se olvidaron de jugar

¿Qué hacer con este mal social? Este sábado es el día mundial contra el trabajo infantil. Una propuesta es añadir a los objetivos del programa Juntos y Sembrando el freno a este problema social. Congreso deben tomar decisiones al respecto.

Milagros Laura S.

Tiene 11 años y tres de ellos los ha pasado trabajando en las calles. La vida de Laura Ambrosio transcurre entre la escuela, ayudar a su madre a vender en el mercado, cuidar a sus hermanos menores y vender caramelos. Pese a ser la cuarta de ocho hermanos, es la única que aporta para la comida. No logra pasar el tercer grado de primaria, el cual ha repetido ya dos veces debido al cansancio de llevar tanta responsabilidad en sus hombros.

Para poder ganar 11 soles, Laura debe vender caramelos de 6 p.m. a 11 y 30 de la noche en el paradero 5 de la Av. Próceres en SJL. La pequeña no entiende el peligro, o lo acepta, pese a que hace dos años casi muere atropellada por una combi cuando vendía caramelos.

Esta pequeña es solo un ejemplo de los 3 millones 336 mil niños trabajadores que han tenido que cambiar los juegos para salir a conseguir dinero. Pequeños que han visto su infancia interrumpida por buscar qué comer. Es una dura realidad de la pobreza.

Combatir el trabajo infantil

Pero ¿cómo combatir este problema social?, ¿cómo hacer para que los niños se dediquen a estudiar y formar sus valores en lugar de exponerse a la inseguridad de las calles? Para el director de la Fundación Internacional de la Juventud, Walter Twanama, un paso importante para aliviar el trabajo infantil, sin necesidad de tener un presupuesto, sería dirigir exitosos programas sociales como Juntos y Sembrando, que combaten la pobreza –la verdadera raíz del problema– hacia la solución de este mal social que afecta nuestro futuro.

“Si a las familias que son parte de estos programas y que reciben ayuda se les pidiera como requisito que sus hijos no trabajen, sino que se dediquen a ir al colegio, se estaría consiguiendo que al menos 500 mil niños dejen de trabajar”, señala Twanama.

Una medida que bien podría frenar un peligroso índice, el que revela una encuesta del INEI y que refiere que el 40% de los niños que trabajan y estudian abandona el colegio entre los 12 y 14 años.

Justamente este sábado 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha constituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la finalidad de promover y reforzar la voluntad de las autoridades de los países para que velen por los derechos de los niños, como tener una educación y seguridad.

Las peores formas de trabajo

En el Perú, el 78% de los niños que trabajan lo hace en condiciones peligrosas para su integridad. Por ello, el 25 de abril de este año una norma publicada en el diario El Peruano dio a conocer 29 actividades peligrosas que no deben realizar los niños y adolescentes.

Entre ellas, la actividad minera o trabajos que impliquen el contacto con sustancias tóxicas. Otros oficios considerados peligrosos debido a su condición son la venta de bebidas alcohólicas; y la labor en transporte público como el manejo de mototaxis, o ser cobradores de combi. También el trabajo doméstico en casa de terceros si el niño es menor de 14.

En el peor de los casos muchos niños se ven inmersos en la prostitución, pornografía infantil, la mendicidad o son explotados en largas horas de trabajo sin recibir pago alguno.

Moción en el Congreso

Diversas instituciones que defienden los derechos de los niños han participado en congresos o planes de trabajos para contrarrestar el problema sin lograr avances. Un paso importante se dio en el 2008 cuando se propuso ante el Congreso constituir una Comisión Especial Multidisciplinaria para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo, pero –por desgracia– aún no es debatido en el Pleno.

Instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior deben trabajar unidos y bajo un mismo plan de desarrollo para combatir el trabajo infantil. Lograrían que jóvenes como Wilmer Moriano (15) vuelva al colegio. Lo abandonó por trabajar largas jornadas de 10 horas diarias en construcción.

La meta es recuperar a los niños que hoy, por desgracia, se han acostumbrado a ganar dinero para cubrir sus “necesidades” como comida, ropa o ir al Internet, perjudicando de ese modo su futuro y, por lo tanto, el del Perú.

Cifras

3 mlls. 336 niños y adolescentes entre 8 y 17 años trabajan en el Perú.

78% de niños trabajadores lo hace en una actividad considerada peligrosa.

Textuales

"Una comisión en el Congreso que vele por los derechos de los niños y exija más rigurosidad en la fiscalización de su cumplimiento”.

Luciana León Romero

Congresista del partido aprista.

"Debe existir una participación activa por parte de los gobiernos locales y regionales de todo el país para combatir el trabajo infantil”.

Rafael Vásquez R.
Congresista de la bancada nacionalista.

Fuente: LaRepública

La Importancia de la Tecnología en la Salud

En materia de salud pública, el acceso a los servicios y la baja cobertura de ellos es un problema que aún subsiste en gran parte del territorio nacional, situación que se agrava en las zonas rurales. De ello no está exento el resto de los países de la región, ni zonas consideradas del primer mundo como Estados Unidos y algunos países europeos.

Como Estado y a pesar de esfuerzos tangibles como el aseguramiento universal, no podremos reducir el viejo problema llamado “brecha en el acceso a los servicios de salud”, si no aplicamos las Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud (TICs). Reconocer e identificar modelos de gestión exitosos que se han dado en otras latitudes, e inclusive de manera aislada en nuestra región, servirá para determinar qué medios se utilizaron y replicarlos a fin de combatir el mismo antiguo problema buscando su adecuación a la realidad peruana.

Según la OMS, e-Salud, salud en línea, o salud en red, es mucho más que la simple aplicación de las TICs para la provisión de servicios de salud, pues incluye la adopción y el uso de las TICs para el desarrollo de los sistemas de salud y para un más amplio acceso del público a información y educación sobre ellos.

En la región el caso más emblemático lo constituye Chile, que en el año 2005 inició una revolución de su Sistema de Salud Pública que le permitió crear la Red MINSAL con una cobertura nacional que incluye más de 200 hospitales y centros ambulatorios, incluyendo 550 consultorios de atención primaria rurales y urbanos. Esto ha permitido que en términos de interconexión Chile cuente con 51 mil nodos de voz, 54 mil de datos, 51 salas de videoconferencias y 2,448 teléfonos móviles solo al servicio e integración de sus prestaciones de Salud Pública. Esta sólida Red ha permitido integrar el sistema y reducir la brecha del acceso a los servicios de salud.

La incorporación progresiva pero agresiva de las TICs es una verdadera solución de la cual parece estamos todavía ajenos o en etapa embrionaria.

¿Cuál es el escenario?

Hay que tener presente que el escenario en nuestro país es muy dispar. El indicador internacional más conocido para medir la cobertura de un Sistema de Salud es la relación médico por cada 10 mil habitantes. Para tener una idea de esta disparidad en Lima el indicador llega a 22 médicos por cada 10 mil habitantes y en lugares como Huancavelica es de un médico por cada 100,000 habitantes.

De otra parte, tenemos el escenario tecnológico o la brecha digital en el país. De nada servirá proponer uso intensivo de las TIC en salud, si no tenemos presente qué regiones de nuestro país reúnen las condiciones mínimas para acometer el problema con esta estrategia y qué ciudades deberán, además de interconectarse al Sistema, desarrollar su infraestructura hospitalaria.

El Informe Técnico del 1 de marzo de 2010, “Las tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares”, elaborado por el INEI, muestra cifras muy interesantes. Por ejemplo, la infraestructura de telefonía móvil de TIC instalada en los hogares por ámbito geográfico alcanza en el área rural 29.3%, 73% para la zonas urbanas y 79% para Lima Metropolitana.

Sin embargo, la tenencia de bienes TIC como una computadora y el acceso a Internet todavía encuentra niveles dramáticos en las zonas rurales. En el Perú solo el 0.1% de los hogares rurales tiene acceso a Internet y el resto urbano (excluyendo Lima Metropolitana) apenas alcanza el 7.3%.

Urge tomar medidas combinadas para poder atacar el problema del acceso oportuno a los servicios de salud en el mediano plazo. Debemos adoptar estrategias innovadoras que nos permitan contar con más profesionales en las zonas rurales. Pero si seguimos creyendo que con mayores incentivos económicos los médicos y sobre todo los especialistas se trasladarán a provincias estamos muy equivocados. Hay factores socioculturales como el desarrollo profesional, el familiar, la búsqueda de mejores oportunidades que con seguridad frenarán esta vieja iniciativa.

Por otra parte, el Estado tiene la obligación de mejorar el acceso e interconexión en nuestro fragmentado Sistema de Salud Pública, y la única manera es adoptando las estrategias de TICs más adecuadas según la condición geográfica.

No hay que trazar nuevos senderos ni transitar por caminos desconocidos (ver el camino de la eSalud). La experiencia internacional ya lo ha demostrado.

Opinión :::: Por PILAR FRISANCHO

Fuente: Caretas

Comentarios sobre post anterior: "Reforma laboral otra vez se trunca"

Una gran verdad es que la legislación laboral no puede, por sí sola, crear empleo. Pero también es una gran verdad que puede perjudicarlo. Una legislación laboral anticuada, ineficiente, desapegada de la realidad puede ser un incentivo perverso a la creación de empleo formal.

La legislación laboral común o general se aplica a un universo relativamente reducido de la PEA pues la inmensa mayoría está en la pequeña y sobre todo en la microempresa. Las microempresas son también, en su inmensa mayoría, informales, lo que significa que sus trabajadores también lo son. La Ley Mype representa una oportunidad única para afrontar este problema. Desafortunadamente, su implementación no ha sido lo suficientemente eficaz. Lo que se requiere es una acción decidida de las autoridades responsables para que esta cumpla sus objetivos.

Mario Pasco Cosmópolis

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados

Las reglas de juego en materia laboral para el sector privado ya se encuentran dadas. Se ha dotado a la autoridad laboral de mayores recursos y más facultades para la realización de las inspecciones laborales y en poco tiempo entrará en vigencia la nueva Ley Procesal del Trabajo, que reduce sustancialmente la duración de los procesos laborales, facilitando su acceso a más trabajadores. No obstante, estas normas solamente benefician a un pequeño grupo de nuestra economía representado por el sector formal.

El problema de la informalidad se mantiene, lo que se refleja por ejemplo en que alrededor del 75% de las multas impuestas por la autoridad laboral durante el año 2009 afectaron a empleadores con menos de diez trabajadores.

Debe lograrse un cumplimiento eficaz del marco legal existente, a través de una política integral.

Liliana Tsuboyama

Estudio Echecopar

Fuente: Diario Gestión

¡Protéjase! Tener seguros ya no es caro

Las empresas han diseñado productos que dan protección contra accidentes y enfermedades. Los pagos anuales van desde los S/.15.

Se llaman microseguros y han sido creados –por sus bajos costos– para facilitar la protección de la población de escasos recursos ante cualquier eventualidad (accidentes, enfermedades o la repentina muerte).

Auri Carrasco, gerente de Affinity & Microseguros de La Positiva, sostiene que, por las atractivas coberturas (beneficios) que ofrecen, pueden inclusive atender a población del estrato social B, donde el 38% no cuenta con ningún tipo de protección.

DESPROTEGIDOS. Actualmente, el 77.5% de la población total está desprotegida. La mayoría pertenece a los sectores C y D, y son cerca de 14 millones de personas, anota Carrasco.

Para atenderlos, las compañías de seguros han puesto a la venta productos que, bajo la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), brindan protección por pagos anuales que van desde los S/.15.

Ese es el caso del microseguro Familia Arcángel, que Protecta brinda en alianza con la cadena de boticas Arcángel. Además de las coberturas por muerte natural, muerte accidental, invalidez, desamparo súbito y sepelio, ofrece descuentos de hasta 16% por la compra de medicinas en dichas farmacias y atención médica gratuita en sus centros para el asegurado y tres de sus familiares.

Según el plan que se escoja (son cuatro), el pago anual oscila entre S/.15 y S/.45. Asimismo, de acuerdo con el siniestro, brinda coberturas que van desde S/.325 (el pago por sepelio en el Plan A es de S/.35) hasta S/.6,000 (la indemnización por muerte accidental del Plan D cuesta S/.45).

Por su parte, La Positiva presentó ayer “Rapiseguro’, la marca con la que venderá cuatro microseguros: contra accidentes, indemnización por cáncer e indemnización contra enfermedades graves y pago por hospitalización. En la SBS recomiendan que, antes de comprar alguno, lea con detalle las exclusiones (casos en los que se invalida la cobertura) de cada producto.

Fuente: Perú21

CERTIFICADOS - SEMINARIOS DE VERANO

Estimados amigos,

A la fecha ya se ha hecho la selección de personas (que cuentan con 80% o más de asistencias) a las cuales se les entregará los certificados citados en la publicidad de nuestro pasado evento, mismos que ya están impresos.

Sin embargo, debido al cambio de Decano en nuestra facultad, queda el inconveniente de quien lo puede firmar, el que hasta ahora es Decano (Dr. Ñique de la Puente) o el quien lo sustituya, al primero poco se le ubica poco por la facultad debido a sus funciones como Decano del CAL, ya que los certificados ya habían sido remitidos al decanato para ser firmados, pero hasta el día de hoy no los firman.

La firma del Decano es una formalidad para que el certificado tenga mayor valor, por lo que se les pide paciencia y se estara informando en tanto sean firmados el lugar donde pasar por sus certificados.

Atte.

Taller de Estudios Laborales y de la Seguridad Social.

NOTA: Este sábado tenemos reunión, trataremos el tema "Trabajo humano como objeto del Derecho del Trabajo". Informes al correo joelcapa@gmail.com.

Reforma laboral otra vez se trunca

La reforma del mercado laboral está probando ser un tema tanto o más espinoso que la concesión de la infraestructura portuaria o la exportación de gas, y más postergado que la clasificación del Perú a un mundial de fútbol.

Bromas aparte, no es serio aludir al "momento político" para evadir una responsabilidad que debió asumirse desde el inicio mismo de este gobierno porque esta reforma se viene truncando desde el gobierno anterior y siempre por razones de tipo político.

Desde este mismo espacio hemos demandado que se culminen las reformas pendientes, como esta, cuyo principal propósito –flexibilizar la normatividad y agilizar la movilidad laboral– es necesario para elevar la competitividad del país y para mejorar las condiciones de empleo. Si bien ha aumentado el empleo formal urbano, la informalidad laboral sigue siendo bastante alta (75%) en desmedro de decenas de miles de jóvenes que cada año emprenden la búsqueda de un puesto de trabajo que cubra sus expectativas.

La informalidad no cede en parte porque la ley de la pequeña y microempresa, la cual permite la reducción de sobrecostos laborales (por ejemplo, el Estado asume parte del aporte para pensiones), no está al 100% operativa.

En el sector público tampoco se ha aprobado la legislación que permita la carrera pública, el ascenso y pago de remuneraciones por méritos, y se evite de una vez por todas la proliferación de empleos sustentados en el clientelismo político y en el nepotismo. En el Congreso duerme el sueño de los justos la famosa Ley General de Trabajo, en parte porque no refleja la realidad y por ello nadie nueve un dedo para aprobarla.

Dado que este gobierno ya tiró la toalla en el tema laboral, esperemos que en el debate para las próximas elecciones generales y en la próxima administración, se tomen cartas en el asunto y esta reforma sea una de las prioritarias y urgentes.

Es claro que una mejor legislación laboral no va a elevar, por sí sola, la calidad de los empleos en el país, pero ciertamente será un pilar fundamental para que las empresas se sientan más seguras cuando contraten personal, sabiendo que podrán retener a quienes lo merecen. En un entorno competitivo, la meritocracia también es pieza clave, sobre todo en el sector público, pero hace falta una legislación moderna que la respalde.

Fuente: Diario Gestión

Reforma laboral no puede esperar más

Así lo señalan analistas consultados por Perú.21, que advierten que la rigidez en el empleo ha generado problemas en economías europeas.

Sí se puede. Especialistas consultados por Perú.21 objetaron la posición de la ministra de Economía, Mercedes Aráoz, de dejar para el siguiente gobierno la implementación de una reforma laboral.

El economista de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda, sostuvo que estas mejoras deben trascender a las gestiones y convertirse en políticas de Estado. “Probablemente no le alcance el tiempo, pero sí es importante ir avanzando”, dijo.

A su turno, el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada, consideró que no existen razones para postergar una reforma laboral, más aun si se ha corroborado que la falta de flexibilidad de este mercado le está generando serios problemas a las economías europeas para salir de la actual crisis.

En ese sentido, afirma que si bien se han dado pasos importantes con los incentivos a la formalización, a través de la Ley MYPE , “el problema no se solucionará, en tanto, no se flexibilicen las normas”.

En contraparte, el laboralista Jorge Toyama señaló que, a pesar que urge una reforma que flexibilice el mercado laboral, no existen las condiciones políticas para llevarla adelante.

Sin embargo, Toyama advirtió que la coyuntura no puede eximir al régimen actual de dar algunos pasos en esta materia, como continuar con el proceso de inspecciones laborales, mediar en la solución de los conflictos laborales –que se incrementan conforme se acerca el período electoral– y fortalecer el diálogo social entre Estado, empleadores y sindicatos a través del Consejo Nacional de Trabajo.

DE FONDO. Peñaranda comentó que en el balance general de reformas si bien se han dado avances importantes en lo concerniente a educación y a simplificación administrativa, el camino por recorrer aún es largo. “Se quiere llegar al puesto 25 en el Doing Business, pero hay mucho por hacer”, expresó.

Por su parte, Abusada insistió en que, en materia de reformas estructurales, no hay tiempo que perder, sobre todo en lo referente al desarrollo de infraestructura a través de las asociaciones público-privadas y las concesiones.

Fuente: Perú21

Jubilados de las AFP viven ahora hasta los 82 años

Los jubilados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) ahora viven 17 años -en promedio- de sus pensiones ante el aumento de la esperanza de vida en el Perú.

Teniendo en cuenta que actualmente la edad de jubilación es de 65 años, esto implican que viven hasta los 82 años, señaló el asesor de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Fernando Muñoz Nájar.

Indicó que la esperanza de vida en el Perú se ha incrementado en los últimos años y se sitúa hoy en 82 años, mientras que en 1993, cuando se creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP), era de 80 años y en 1950 de 72 años.

Sin embargo, consideró que no era necesario realizar ajuste alguno en el SPP, ya sea en la magnitud del aporte o en la edad de jubilación, pues el sistema individual de capitalización hace totalmente viable el sistema.

"Es muy importante que las personas tomen consciencia de que tienen que vivir 17 años de una pensión y sin trabajar", declaró a la agencia Andina.

En ese sentido, anotó que las iniciativas del gobierno deben apuntar a formalizar a los trabajadores informales y ver la manera de que los trabajadores que pagan Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría (independientes) aporten obligatoriamente a un sistema de pensiones.

Refirió que en estos momentos existe una Población Económicamente Activa (PEA) de 15 millones de personas, pero solo cuatro millones están afiliados a las AFP.

"Hay que tratar de que los trabajadores independientes, como los abogados, médicos, periodistas, entre otros, aporten a algún sistema de pensiones y a algún sistema de salud para evitar que se genere un problema social en el futuro", advirtió.

Consideró que el aporte de los trabajadores de Cuarta Categoría debería ser obligatorio pues está probado que si no es así las personas tienden a no aportar.

De otro lado, Muñoz Nájar previó que este año los fondos previsionales registrarán un buen desempeño al igual que el año pasado.

Fuente: Diario Gestión.