miércoles, 23 de junio de 2010

Mejor de salud: el proyecto de ley sobre las EPS

El pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que obliga a las instituciones aseguradoras o empresas prestadoras de salud (EPS) a mantener la cobertura médica sobre las enfermedades que aquejan al trabajador. (El Comercio, 23/06/2010).

El pleno del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que obliga a las EPS a mantener la cobertura de enfermedades pre-existentes para aquellos asegurados que cambien de trabajo o de contrato de seguro, siempre y cuando el nuevo seguro sea contratado dentro de un plazo de 90 días de la terminación del seguro anterior (ver estado previo de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en el Perú y su reglamento). La norma ha sido bien recibida, en términos generales, tanto por los asegurados beneficiados como por los representantes de las empresas de seguros, si bien estos últimos han señalado algunas preocupaciones referentes a la aplicación de la ley.

En nuestra opinión, la norma es de gran importancia para fortalecer el sistema privado de prestaciones de salud y asegurar un tratamiento justo de los afiliados al mismo. La regulación adecuada de los sistemas de seguros, sean de salud, vida u otros, es fundamental para el funcionamiento de un sistema basado en la confianza en el largo plazo, en la gestión prudente de los recursos aportados por los asegurados y en la asignación eficiente de los costos generados por los riesgos de la población asegurada. La continuidad del seguro de salud, es decir, el mantenimiento de las condiciones del seguro entre un contrato y otro, es una característica fundamental para un sistema exitoso, ya que asegura la posibilidad de competencia y ofrece opciones al asegurado. Por ello, la continuidad es garantizada por los sistemas de seguro de salud de diversos países.

Debe notarse, además, que como los sistemas de seguro de salud funcionan sobre la base del uso de las estadísticas promedio de grandes poblaciones, los movimientos de asegurados individuales entre una aseguradora y otra deberían estar previstos en los cálculos agregados de costo de las aseguradoras. Por ello, el solo hecho de que se obligue a mantener el seguro para el caso de las llamadas enfermedades pre-existentes no debería de generar costos adicionales para el sistema en su conjunto, mientras que representa un gran beneficio para los asegurados.

Un tema distinto es cómo se reparten los costos relacionados con estas enfermedades pre-existentes entre las empresas que conforman el sistema. Esto es particularmente importante en el caso peruano ya que para los asegurados de las EPS, Essalud mantiene responsabilidades para el caso de enfermedades de mayor complejidad. Por ello, es también importante que los costos de los servicios cubiertos por las EPS y Essalud sean correctamente distribuidos en función a los servicios efectivamente brindados a los asegurados en conjunto. Para ello se debe tener un sistema de información moderno y completo que permita identificar la incidencia de las enfermedades y los costos de sus tratamientos, lo cual además permite identificar las mejores prácticas y las ventajas de la prevención sobre el tratamiento de las enfermedades. Tomando en cuenta que este mercado es uno en el cual existe una gran asimetría de información entre los asegurados y las aseguradoras (es decir, los asegurados tienen menos información y menor capacidad de manejarla en comparación con las empresas aseguradoras), le compete al regulador evitar que esta asimetría genere situaciones de abuso de dicha ventaja por parte de las aseguradoras. Esto es especialmente cierto en el caso peruano, en el cual existe una alta concentración en el mercado de seguros.


 

viernes, 18 de junio de 2010

Para renunciar al trabajo hay que avisar al empleador 30 días antes

Las empresas deberían estar preparadas para la salida de personal.


Por: Claudia Paan

En algún momento de nuestra vida laboral, hemos dicho —o pensado decir— adiós a la empresa en la que trabajábamos, fuera por una mejor propuesta salarial, por nuevos proyectos personales o por nuestra incomodidad con el ambiente laboral.

Si piensa dejar su empresa y nunca antes ha presentado una renuncia, tenga en cuenta que esa decisión debe comunicarla al empleador con un mes de anticipación como mínimo.

El laboralista Víctor Ferro señala que si un trabajador se retira sin dar un preaviso, esta lo podría despedir por abandono del trabajo. Pero también es factible que el empleador lo exonere de esa obligación.

Así, el trabajador renunciante podrá recibir la liquidación de sus beneficios sociales: pago de la CTS (la fracción que no le ha sido depositada), el monto por vacaciones truncas y el pago de las gratificaciones correspondientes al semestre, esto último si no se realizaron los depósitos en los meses indicados.

Además de estos beneficios, explica el laboralista Jorge Toyama, el trabajador no recibe ningún pago extra así ocupe un cargo importante o sea un talento valioso para la empresa.

LA NEGOCIACIÓN

Últimamente, cuando las empresas están interesadas en la salida de un trabajador, acuerdan con este su renuncia a cambio de beneficios.

En estos casos —coinciden Ferro y Toyama— sí es posible negociar la salida. Cuanto mayor es la urgencia de la empresa por la renuncia, mayores serán los incentivos ofrecidos. “Obviamente, el trabajador no está obligado a retirarse”, aclara Toyama.

Pero no en todos los casos el colaborador recibe algún beneficio y su salida se maneja por un mutuo acuerdo entre las partes.

A veces ocurre que los superiores los amenazan con tomar represalias, o se ven forzados a firmar un papel en blanco al momento de entrar a la compañía para que, cuando esta decida prescindir de sus servicios, pueda argumentar que el trabajador renunció.

Ante este último incidente, el agraviado puede solicitar un informe pericial que pruebe el delito, con lo cual el documento puede ser anulado y la empresa, sancionada. Pero en caso de recibir alguna amenaza, será difícil para el trabajador demostrar el atropello.

“Judicialmente, es aceptado que la renuncia sea nula cuando el trabajador deja constancia en la carta de renuncia, por ejemplo, que fue obligado a hacerlo”, afirma el laboralista.

De otro lado, existen ocasiones en las que el trabajador no puede renunciar, dado que ha suscrito un contrato por un período determinado de tiempo y para cumplir una actividad específica. Si el empleado decide hacerlo, la empresa tiene todas las facultades para demandarlo por incumplimiento de contrato.

ADIÓS TALENTO

La salida de un trabajador muchas veces significa la pérdida de talento. Para evitar esta situación, las empresas deben implementar programas que aseguren la permanencia y captación de nuevos empleados.

Adolfo González, socio director de TASA Worldwide Perú, recomienda a las empresas tener un clima laboral apropiado, invertir en su capital humano a través de capacitaciones, implementar bonos de retención solo para los puestos más importantes y tener planes de sucesiones.

A SU SERVICIO

Siempre deje una buena imagen

En caso de que no esté a gusto con su ambiente de trabajo, busque una solución con su empleador antes de presentar su renuncia, recomienda Gisela Medina, consultora organizacional del Centro de Desarrollo Personal y Profesional Perfil.

Salir en buenos términos le asegura buenas recomendaciones y la posibilidad de retornar a su puesto.

Por más mala que haya sido su experiencia, no hable mal de su antiguo trabajo. No se verá muy bien frente a sus nuevos jefes.

miércoles, 16 de junio de 2010

Planeando su jubilación

En estos tiempos, la mayoría prefiere disfrutar el presente y ver el futuro desde lejos. Sin embargo, en algún momento, debemos haber imaginado tener una vejez tranquila, viviendo en una casa de campo o viajando por el mundo a los lugares soñados. Pero... ¿ha pensado cómo poder sostener esa calidad de vida cuando se jubile?

Si quiere tener un retiro cómodo, lo debería ir planeando desde ahora. Un primer paso sería saber la cantidad de dinero que será necesario acumular en su AFP o ahorrar durante su vida activa para obtener un ingreso adecuado luego de su jubilación.

Si usted aspira a una pensión equivalente a una remuneración mínima vital (S/. 550), debe reunir un fondo previsional de S/. 92,000, cifra que se compone de los aportes mensuales que hace a su AFP y de la rentabilidad que esta obtiene al invertir dichos fondos.

Pero si uno anhela, por ejemplo, una pensión de S/. 10,000, como muchos lo deben desear, debe acumular, en su vida laboral, un fondo aproximado de S/. 1.7 millones. ¿Cuántos podrán juntar esta cantidad al cumplir los 65 años? Supongo que muy pocos.

El tema es más complicado para las personas que optan por el régimen previsional del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP y que opera bajo un mecanismo de reparto, en el que los trabajadores activos van financiando las pensiones de los que pasan al retiro. Acá el asegurado aporta el 13% de su salario y al momento de su jubilación (a los 65 años con al menos 20 años de aportes) recibirá una pensión mínima de S/. 415 y como máximo de S/. 857.

Es evidente que hay mejores posibilidades en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las AFP y que se caracteriza por ser un régimen de capitalización individual, en el que la pensión depende directamente de los aportes realizados y de la rentabilidad obtenida de su fondo.

Actualmente, hay 4.5 millones de afiliados a las AFP, y estas empresas administran un fondo de pensiones, nada despreciable, que ya supera los US$ 25,000 millones, equivalente al 35% del total de la liquidez manejada por el sistema financiero, el 18% del PBI y el 87% del ahorro interno. Las AFP cobran por administrar los fondos una comisión (calculada sobre la base de la remuneración asegurable del afiliado) que varía de acuerdo a cada AFP y al tipo fondo que administra.


La rentabilidad que se obtenga está en función al fondo que los afiliados escojan. Pueden elegir entre tres tipos de fondos para que sus pensiones sean invertidas según el nivel de riesgo que cada uno esté dispuesto a soportar. Las personas próximas a jubilarse tienen muy poca aversión al riesgo y generalmente optan por el fondo conservador.

Si uno quiere aumentar su fondo y asegurar una mejor pensión, puede abrir una cuenta de aportes voluntarios en el tipo de fondo que prefiera.

Se debe tener en cuenta que el dinero invertido o ahorrado durante toda la vida laboral será el colchón para nuestra jubilación.

En este sentido, contar con una buena estrategia para juntar el dinero deseado, así como controlar los aportes y los beneficios del plan elegido para su jubilación serán muy importantes.

¿Los peruanos somos previsores con la jubilación? ¿Ud. destina recursos para preparar su retiro? Responda a estas interrogantes o cuéntenos cualquier inquietud sobre el tema.

Oscar Gonzáles Estrada

Las AFP podrán invertir US$ 500 millones más en el exterior

El Banco Central elevó a 26% el límite de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones fuera del país.

El Banco Central de Reserva (BCR) del Perú aprobó elevar el límite de inversión en el exterior de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de 24 a 26%, con el objetivo de que estas instituciones puedan continuar diversificando su cartera de inversiones.

Indicó que dicho incremento representa aproximadamente 500 millones de dólares adicionales que las AFP podrán invertir en los mercados internacionales.

Al 11 de junio, las AFP tenían invertido en el exterior el 22.4% de los fondos de pensiones. El BCR recordó que el último incremento se realizó en enero de 2010, cuando se pasó de un límite operativo de 22 a 24%.

Actualmente las inversiones de las AFP en el exterior tienen un límite legal de 30%, de acuerdo a una norma aprobada por el Congreso de la República.

Desde noviembre de 2006, el BCR ha venido incrementado gradualmente el límite operativo para las inversiones en el exterior, pasando de 10.5% hasta el límite actual de 26%.

El nuevo límite entrará en vigencia a partir del día de la publicación de la Circular N° 015-2010-BCRP en el diario oficial El Peruano.

ANDINA – 16/06/10

viernes, 11 de junio de 2010

Adjudican 2 hospitales vía el sistema público privado

EN ESSALUD. La nueva alternativa en el seguro. Pero surgen voces discrepantes. Congresista Abugattás afirma que no es rentable y afectará al asegurado y al país.
Omar Mariluz.

La construcción de nuevos hospitales bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) ha despertado un intenso debate en las últimas semanas. El congresista Daniel Abugattás asegura que el Estado terminará pagando S/. 342 más por cada asegurado bajo este sistema.

EsSalud ya adjudicó la construcción de un hospital en el Callao y otro en Villa María del Triunfo al consorcio español BM3 Salud. Y ante las suspicacias, el parlamentario revisó ambos contratos y descubrió que el Estado pagará al privado S/. 989 por asegurado, mientras bajo el modelo tradicional se aporta S/.647 en promedio.

“Dicen que es mucho más barato que el servicio que brindan ellos, cosa que no es cierta, porque si hacemos una simple operación del presupuesto de seguridad social con el número total de afiliados, el total de egresos que tiene EsSalud es 5 mil 500 millones de soles al año y son 8 millones y medio de asegurados, dividiendo sale S/.647 por asegurado”, cuestionó.

Precio diferenciado por hospital

La respuesta a los cuestionamientos del legislador nacionalista no se hizo esperar. Alfredo Barredo, gerente central de Prestaciones de EsSalud, explicó a La República que en todo el sistema de seguridad social existen hospitales de diferentes niveles y en cada uno un costo diferente por asegurado.

Señaló que el nivel de los hospitales que se van a construir bajo la modalidad de APP solo se encuentra por debajo del hospital Rebagliati y resaltó que el costo por asegurado hubiese sido similar para EsSalud si el Estado construía un hospital de ese nivel.

“No se puede hablar de costos sin hablar de nivel de atención, porque si no yo también puedo sacar el costo de una posta médica comparado con un hospital nacional (...) Si yo divido S/.5 mil millones entre 8 millones de asegurados me va a salir una cantidad per cápita por asegurado, pero no el valor real por usuario”, respondió.

Otros pagos

Pero el congresista Abugattás no solo apuntaló sus dardos al costo por asegurado. El nacionalista también criticó el pago anual que abonará el Estado al consorcio privado, que según estimó bordeará los S/.15 mil millones durante los 32 años que durará las APP de los dos hospitales. “Cuando alguien hace una industria, nadie está esperando que el Estado le devuelva su inversión, por más concesión que sea”, dijo.

En este punto Barredo afirmó que a la larga la construcción resulta costosa porque el aporte del privado funciona como un crédito que se debe devolver. Pero aseguró que el monto de US$ 65 millones anuales por hospital que dará el Estado hubiese sido similar si EsSalud operaba los hospitales.

BM3 entregará los hospitales el 2012

El funcionario de EsSalud aseguró que el consorcio español BM3 Salud iniciará la construcción de los hospitales del Callao y Villa María del Triunfo a fines de setiembre y, según el cronograma, tienen previsto iniciar las operaciones en ambos nosocomios entre julio y agosto del 2012. Aunque comentó que es probable que empiecen algunos meses antes.

Los hospitales adjudicados bajo la modalidad de APP tendrán una capacidad de 250 camas y atenderán a 250 mil asegurados cada uno. Barredo asegura que con el ingreso de estos dos nuevos hospitales la brecha de atención actual de la seguridad social se reducirá de 10% a 5%.

Bajo la modalidad de APP también se ha adjudicado toda la Red de almacenes y farmacias de Lima del Seguro Social de Salud.

Fuente: La República

¿No es país para viejos?

Saber a dónde ir y, no menos importante, saber cómo llegar allí son dos procesos distintos que suelen enfrentar las empresas y los gobiernos, cuando estos se trazan objetivos. Y uno de los objetivos que ya deberían empezar a definir ambos sectores es el de la nueva agenda para una fuerza laboral de trabajadores mayores.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre el 2025 y el 2030, doce millones de personas por año estarán saliendo de la fuerza laboral mundial. Los países que afrontan la mayor amenaza son aquellos con poblaciones más veteranas, especialmente Japón, Italia y Alemania. Este efecto, si no se prevén las medidas necesarias, podría provocar un efecto paralizador en no pocas economías nacionales.

De acuerdo a Bruno Tobback, un especialista en estos temas, para el 2050, en Europa habrá solamente una persona activa por cada persona jubilada. Y, según The Economist, en el caso de Japón, se espera que su fuerza laboral se reduzca en un 16% (es decir, alrededor de 10 millones de personas) en los próximos 25 años.

Las poblaciones están envejeciendo aceleradamente y, a la par, están descendiendo las tasas de natalidad, lo que da pie a que los empresarios empiecen a preguntarse: ¿de dónde van a salir los trabajadores del futuro?

Una economía que aspire al desarrollo sostenido no puede darse el lujo de permitir que las habilidades de los trabajadores mayores se desperdicien. Sin embargo, ocurre que muchas veces las empresas no consideran como algo clave e importante retener a los trabajadores mayores, porque no valoran en su exacta dimensión que estos tienden a ser más confiables, más dedicados y más leales a sus empleadores que sus colegas más jóvenes.

Adicionalmente, no han caído en cuenta que, gracias a los avances de la ciencia, el promedio de vida se ha prolongado. Más todavía. Asumen que los empleados fogueados, que rondan los cincuenta años, no están interesados ya en capacitarse o en ampliar sus conocimientos, ni van a aportar más de lo que han dado. En consecuencia, el objetivo de la retención no es tomado en cuenta.

Empero, el trabajador maduro puede ofrecer más. Y quiere hacerlo. Una encuesta de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladasindica que casi un 70% de los trabajadores que todavía no se ha jubilado quisiera seguir trabajando más allá de su edad jubilatoria, porque entienden que la jubilación no supone necesariamente renunciar a trabajar, sino abarcar nuevas alternativas laborales para seguir activos.

Otro sondeo reciente, realizado por Manpower, a más de 28 mil empleadores de 25 países, reveló que apenas el 14% de esos empleadores implementa estrategias para reclutar a trabajadores mayores y solo un 21 por ciento tiene estrategias para atraer a adultos maduros. Entre estos últimos, destacan Singapur y Japón, cuyos gobiernos han iniciado exitosamente procesos para mejorar la empleabilidad de la fuerza laboral de edad avanzada y desarrollar estrategias de retención, respectivamente.

Así, como vienen desarrollándose los acontecimientos, las economías sólo serán sostenibles con mercados laborales sólidos y vigorosos, que además sean inclusivos con los trabajadores mayores.

El reto de los gobiernos estriba en cómo alinear los intereses y las habilidades de los adultos mayores con los intereses y requerimientos de los empresarios. Y hacerlo, por cierto, previsoramente, con visión de futuro, antes de que explote la burbuja de las jubilaciones, que podría suscitar estragos impredecibles. Resolver este problema del futuro debería ser una prioridad en la agenda de hoy, por parte de los líderes políticos y de los hombres de empresa.

Felipe Aguirre
Gerente general de Manpower.

Fuente: Diario Gestión

jueves, 10 de junio de 2010

Estos niños se olvidaron de jugar

¿Qué hacer con este mal social? Este sábado es el día mundial contra el trabajo infantil. Una propuesta es añadir a los objetivos del programa Juntos y Sembrando el freno a este problema social. Congreso deben tomar decisiones al respecto.
Milagros Laura S.

Tiene 11 años y tres de ellos los ha pasado trabajando en las calles. La vida de Laura Ambrosio transcurre entre la escuela, ayudar a su madre a vender en el mercado, cuidar a sus hermanos menores y vender caramelos. Pese a ser la cuarta de ocho hermanos, es la única que aporta para la comida. No logra pasar el tercer grado de primaria, el cual ha repetido ya dos veces debido al cansancio de llevar tanta responsabilidad en sus hombros.

Para poder ganar 11 soles, Laura debe vender caramelos de 6 p.m. a 11 y 30 de la noche en el paradero 5 de la Av. Próceres en SJL. La pequeña no entiende el peligro, o lo acepta, pese a que hace dos años casi muere atropellada por una combi cuando vendía caramelos.

Esta pequeña es solo un ejemplo de los 3 millones 336 mil niños trabajadores que han tenido que cambiar los juegos para salir a conseguir dinero. Pequeños que han visto su infancia interrumpida por buscar qué comer. Es una dura realidad de la pobreza.

Combatir el trabajo infantil

Pero ¿cómo combatir este problema social?, ¿cómo hacer para que los niños se dediquen a estudiar y formar sus valores en lugar de exponerse a la inseguridad de las calles? Para el director de la Fundación Internacional de la Juventud, Walter Twanama, un paso importante para aliviar el trabajo infantil, sin necesidad de tener un presupuesto, sería dirigir exitosos programas sociales como Juntos y Sembrando, que combaten la pobreza –la verdadera raíz del problema– hacia la solución de este mal social que afecta nuestro futuro.

“Si a las familias que son parte de estos programas y que reciben ayuda se les pidiera como requisito que sus hijos no trabajen, sino que se dediquen a ir al colegio, se estaría consiguiendo que al menos 500 mil niños dejen de trabajar”, señala Twanama.

Una medida que bien podría frenar un peligroso índice, el que revela una encuesta del INEI y que refiere que el 40% de los niños que trabajan y estudian abandona el colegio entre los 12 y 14 años.

Justamente este sábado 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha constituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la finalidad de promover y reforzar la voluntad de las autoridades de los países para que velen por los derechos de los niños, como tener una educación y seguridad.

Las peores formas de trabajo

En el Perú, el 78% de los niños que trabajan lo hace en condiciones peligrosas para su integridad. Por ello, el 25 de abril de este año una norma publicada en el diario El Peruano dio a conocer 29 actividades peligrosas que no deben realizar los niños y adolescentes.

Entre ellas, la actividad minera o trabajos que impliquen el contacto con sustancias tóxicas. Otros oficios considerados peligrosos debido a su condición son la venta de bebidas alcohólicas; y la labor en transporte público como el manejo de mototaxis, o ser cobradores de combi. También el trabajo doméstico en casa de terceros si el niño es menor de 14.

En el peor de los casos muchos niños se ven inmersos en la prostitución, pornografía infantil, la mendicidad o son explotados en largas horas de trabajo sin recibir pago alguno.

Moción en el Congreso

Diversas instituciones que defienden los derechos de los niños han participado en congresos o planes de trabajos para contrarrestar el problema sin lograr avances. Un paso importante se dio en el 2008 cuando se propuso ante el Congreso constituir una Comisión Especial Multidisciplinaria para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo, pero –por desgracia– aún no es debatido en el Pleno.

Instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior deben trabajar unidos y bajo un mismo plan de desarrollo para combatir el trabajo infantil. Lograrían que jóvenes como Wilmer Moriano (15) vuelva al colegio. Lo abandonó por trabajar largas jornadas de 10 horas diarias en construcción.

La meta es recuperar a los niños que hoy, por desgracia, se han acostumbrado a ganar dinero para cubrir sus “necesidades” como comida, ropa o ir al Internet, perjudicando de ese modo su futuro y, por lo tanto, el del Perú.

Cifras

3 mlls. 336 niños y adolescentes entre 8 y 17 años trabajan en el Perú.

78% de niños trabajadores lo hace en una actividad considerada peligrosa.

Textuales

"Una comisión en el Congreso que vele por los derechos de los niños y exija más rigurosidad en la fiscalización de su cumplimiento”.
Luciana León Romero
Congresista del partido aprista.

"Debe existir una participación activa por parte de los gobiernos locales y regionales de todo el país para combatir el trabajo infantil”.
Rafael Vásquez R.
Congresista de la bancada nacionalista.

Fuente: LaRepública

La Importancia de la Tecnología en la Salud

En materia de salud pública, el acceso a los servicios y la baja cobertura de ellos es un problema que aún subsiste en gran parte del territorio nacional, situación que se agrava en las zonas rurales. De ello no está exento el resto de los países de la región, ni zonas consideradas del primer mundo como Estados Unidos y algunos países europeos.

Como Estado y a pesar de esfuerzos tangibles como el aseguramiento universal, no podremos reducir el viejo problema llamado “brecha en el acceso a los servicios de salud”, si no aplicamos las Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud (TICs). Reconocer e identificar modelos de gestión exitosos que se han dado en otras latitudes, e inclusive de manera aislada en nuestra región, servirá para determinar qué medios se utilizaron y replicarlos a fin de combatir el mismo antiguo problema buscando su adecuación a la realidad peruana.

Según la OMS, e-Salud, salud en línea, o salud en red, es mucho más que la simple aplicación de las TICs para la provisión de servicios de salud, pues incluye la adopción y el uso de las TICs para el desarrollo de los sistemas de salud y para un más amplio acceso del público a información y educación sobre ellos.

En la región el caso más emblemático lo constituye Chile, que en el año 2005 inició una revolución de su Sistema de Salud Pública que le permitió crear la Red MINSAL con una cobertura nacional que incluye más de 200 hospitales y centros ambulatorios, incluyendo 550 consultorios de atención primaria rurales y urbanos. Esto ha permitido que en términos de interconexión Chile cuente con 51 mil nodos de voz, 54 mil de datos, 51 salas de videoconferencias y 2,448 teléfonos móviles solo al servicio e integración de sus prestaciones de Salud Pública. Esta sólida Red ha permitido integrar el sistema y reducir la brecha del acceso a los servicios de salud.

La incorporación progresiva pero agresiva de las TICs es una verdadera solución de la cual parece estamos todavía ajenos o en etapa embrionaria.

¿Cuál es el escenario?

Hay que tener presente que el escenario en nuestro país es muy dispar. El indicador internacional más conocido para medir la cobertura de un Sistema de Salud es la relación médico por cada 10 mil habitantes. Para tener una idea de esta disparidad en Lima el indicador llega a 22 médicos por cada 10 mil habitantes y en lugares como Huancavelica es de un médico por cada 100,000 habitantes.

De otra parte, tenemos el escenario tecnológico o la brecha digital en el país. De nada servirá proponer uso intensivo de las TIC en salud, si no tenemos presente qué regiones de nuestro país reúnen las condiciones mínimas para acometer el problema con esta estrategia y qué ciudades deberán, además de interconectarse al Sistema, desarrollar su infraestructura hospitalaria.

El Informe Técnico del 1 de marzo de 2010, “Las tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares”, elaborado por el INEI, muestra cifras muy interesantes. Por ejemplo, la infraestructura de telefonía móvil de TIC instalada en los hogares por ámbito geográfico alcanza en el área rural 29.3%, 73% para la zonas urbanas y 79% para Lima Metropolitana.

Sin embargo, la tenencia de bienes TIC como una computadora y el acceso a Internet todavía encuentra niveles dramáticos en las zonas rurales. En el Perú solo el 0.1% de los hogares rurales tiene acceso a Internet y el resto urbano (excluyendo Lima Metropolitana) apenas alcanza el 7.3%.

Urge tomar medidas combinadas para poder atacar el problema del acceso oportuno a los servicios de salud en el mediano plazo. Debemos adoptar estrategias innovadoras que nos permitan contar con más profesionales en las zonas rurales. Pero si seguimos creyendo que con mayores incentivos económicos los médicos y sobre todo los especialistas se trasladarán a provincias estamos muy equivocados. Hay factores socioculturales como el desarrollo profesional, el familiar, la búsqueda de mejores oportunidades que con seguridad frenarán esta vieja iniciativa.

Por otra parte, el Estado tiene la obligación de mejorar el acceso e interconexión en nuestro fragmentado Sistema de Salud Pública, y la única manera es adoptando las estrategias de TICs más adecuadas según la condición geográfica.

No hay que trazar nuevos senderos ni transitar por caminos desconocidos (ver el camino de la eSalud). La experiencia internacional ya lo ha demostrado.

Opinión :::: Por PILAR FRISANCHO
Fuente: Caretas

Comentarios sobre post anterior: "Reforma laboral otra vez se trunca"


Una gran verdad es que la legislación laboral no puede, por sí sola, crear empleo. Pero también es una gran verdad que puede perjudicarlo. Una legislación laboral anticuada, ineficiente, desapegada de la realidad puede ser un incentivo perverso a la creación de empleo formal.

La legislación laboral común o general se aplica a un universo relativamente reducido de la PEA pues la inmensa mayoría está en la pequeña y sobre todo en la microempresa. Las microempresas son también, en su inmensa mayoría, informales, lo que significa que sus trabajadores también lo son. La Ley Mype representa una oportunidad única para afrontar este problema. Desafortunadamente, su implementación no ha sido lo suficientemente eficaz. Lo que se requiere es una acción decidida de las autoridades responsables para que esta cumpla sus objetivos.

Mario Pasco Cosmópolis
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados


Las reglas de juego en materia laboral para el sector privado ya se encuentran dadas. Se ha dotado a la autoridad laboral de mayores recursos y más facultades para la realización de las inspecciones laborales y en poco tiempo entrará en vigencia la nueva Ley Procesal del Trabajo, que reduce sustancialmente la duración de los procesos laborales, facilitando su acceso a más trabajadores. No obstante, estas normas solamente benefician a un pequeño grupo de nuestra economía representado por el sector formal.

El problema de la informalidad se mantiene, lo que se refleja por ejemplo en que alrededor del 75% de las multas impuestas por la autoridad laboral durante el año 2009 afectaron a empleadores con menos de diez trabajadores.

Debe lograrse un cumplimiento eficaz del marco legal existente, a través de una política integral.

Liliana Tsuboyama
Estudio Echecopar

Fuente: Diario Gestión

¡Protéjase! Tener seguros ya no es caro

Las empresas han diseñado productos que dan protección contra accidentes y enfermedades. Los pagos anuales van desde los S/.15.

Se llaman microseguros y han sido creados –por sus bajos costos– para facilitar la protección de la población de escasos recursos ante cualquier eventualidad (accidentes, enfermedades o la repentina muerte).

Auri Carrasco, gerente de Affinity & Microseguros de La Positiva, sostiene que, por las atractivas coberturas (beneficios) que ofrecen, pueden inclusive atender a población del estrato social B, donde el 38% no cuenta con ningún tipo de protección.

DESPROTEGIDOS. Actualmente, el 77.5% de la población total está desprotegida. La mayoría pertenece a los sectores C y D, y son cerca de 14 millones de personas, anota Carrasco.

Para atenderlos, las compañías de seguros han puesto a la venta productos que, bajo la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), brindan protección por pagos anuales que van desde los S/.15.

Ese es el caso del microseguro Familia Arcángel, que Protecta brinda en alianza con la cadena de boticas Arcángel. Además de las coberturas por muerte natural, muerte accidental, invalidez, desamparo súbito y sepelio, ofrece descuentos de hasta 16% por la compra de medicinas en dichas farmacias y atención médica gratuita en sus centros para el asegurado y tres de sus familiares.

Según el plan que se escoja (son cuatro), el pago anual oscila entre S/.15 y S/.45. Asimismo, de acuerdo con el siniestro, brinda coberturas que van desde S/.325 (el pago por sepelio en el Plan A es de S/.35) hasta S/.6,000 (la indemnización por muerte accidental del Plan D cuesta S/.45).

Por su parte, La Positiva presentó ayer “Rapiseguro’, la marca con la que venderá cuatro microseguros: contra accidentes, indemnización por cáncer e indemnización contra enfermedades graves y pago por hospitalización. En la SBS recomiendan que, antes de comprar alguno, lea con detalle las exclusiones (casos en los que se invalida la cobertura) de cada producto.

Fuente: Perú21

CERTIFICADOS - SEMINARIOS DE VERANO

Estimados amigos,

A la fecha ya se ha hecho la selección de personas (que cuentan con 80% o más de asistencias) a las cuales se les entregará los certificados citados en la publicidad de nuestro pasado evento, mismos que ya están impresos.

Sin embargo, debido al cambio de Decano en nuestra facultad, queda el inconveniente de quien lo puede firmar, el que hasta ahora es Decano (Dr. Ñique de la Puente) o el quien lo sustituya, al primero poco se le ubica poco por la facultad debido a sus funciones como Decano del CAL, ya que los certificados ya habían sido remitidos al decanato para ser firmados, pero hasta el día de hoy no los firman.

La firma del Decano es una formalidad para que el certificado tenga mayor valor, por lo que se les pide paciencia y se estara informando en tanto sean firmados el lugar donde pasar por sus certificados.

Atte.

Taller de Estudios Laborales y de la Seguridad Social.

NOTA: Este sábado tenemos reunión, trataremos el tema "Trabajo humano como objeto del Derecho del Trabajo". Informes al correo joelcapa@gmail.com.

miércoles, 9 de junio de 2010

Reforma laboral otra vez se trunca

La reforma del mercado laboral está probando ser un tema tanto o más espinoso que la concesión de la infraestructura portuaria o la exportación de gas, y más postergado que la clasificación del Perú a un mundial de fútbol.

Bromas aparte, no es serio aludir al "momento político" para evadir una responsabilidad que debió asumirse desde el inicio mismo de este gobierno porque esta reforma se viene truncando desde el gobierno anterior y siempre por razones de tipo político.

Desde este mismo espacio hemos demandado que se culminen las reformas pendientes, como esta, cuyo principal propósito –flexibilizar la normatividad y agilizar la movilidad laboral– es necesario para elevar la competitividad del país y para mejorar las condiciones de empleo. Si bien ha aumentado el empleo formal urbano, la informalidad laboral sigue siendo bastante alta (75%) en desmedro de decenas de miles de jóvenes que cada año emprenden la búsqueda de un puesto de trabajo que cubra sus expectativas.

La informalidad no cede en parte porque la ley de la pequeña y microempresa, la cual permite la reducción de sobrecostos laborales (por ejemplo, el Estado asume parte del aporte para pensiones), no está al 100% operativa.

En el sector público tampoco se ha aprobado la legislación que permita la carrera pública, el ascenso y pago de remuneraciones por méritos, y se evite de una vez por todas la proliferación de empleos sustentados en el clientelismo político y en el nepotismo. En el Congreso duerme el sueño de los justos la famosa Ley General de Trabajo, en parte porque no refleja la realidad y por ello nadie nueve un dedo para aprobarla.

Dado que este gobierno ya tiró la toalla en el tema laboral, esperemos que en el debate para las próximas elecciones generales y en la próxima administración, se tomen cartas en el asunto y esta reforma sea una de las prioritarias y urgentes.

Es claro que una mejor legislación laboral no va a elevar, por sí sola, la calidad de los empleos en el país, pero ciertamente será un pilar fundamental para que las empresas se sientan más seguras cuando contraten personal, sabiendo que podrán retener a quienes lo merecen. En un entorno competitivo, la meritocracia también es pieza clave, sobre todo en el sector público, pero hace falta una legislación moderna que la respalde.

Fuente: Diario Gestión

lunes, 7 de junio de 2010

Reforma laboral no puede esperar más

Así lo señalan analistas consultados por Perú.21, que advierten que la rigidez en el empleo ha generado problemas en economías europeas.

Sí se puede. Especialistas consultados por Perú.21 objetaron la posición de la ministra de Economía, Mercedes Aráoz, de dejar para el siguiente gobierno la implementación de una reforma laboral.

El economista de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda, sostuvo que estas mejoras deben trascender a las gestiones y convertirse en políticas de Estado. “Probablemente no le alcance el tiempo, pero sí es importante ir avanzando”, dijo.

A su turno, el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada, consideró que no existen razones para postergar una reforma laboral, más aun si se ha corroborado que la falta de flexibilidad de este mercado le está generando serios problemas a las economías europeas para salir de la actual crisis.

En ese sentido, afirma que si bien se han dado pasos importantes con los incentivos a la formalización, a través de la Ley MYPE , “el problema no se solucionará, en tanto, no se flexibilicen las normas”.

En contraparte, el laboralista Jorge Toyama señaló que, a pesar que urge una reforma que flexibilice el mercado laboral, no existen las condiciones políticas para llevarla adelante.

Sin embargo, Toyama advirtió que la coyuntura no puede eximir al régimen actual de dar algunos pasos en esta materia, como continuar con el proceso de inspecciones laborales, mediar en la solución de los conflictos laborales –que se incrementan conforme se acerca el período electoral– y fortalecer el diálogo social entre Estado, empleadores y sindicatos a través del Consejo Nacional de Trabajo.

DE FONDO. Peñaranda comentó que en el balance general de reformas si bien se han dado avances importantes en lo concerniente a educación y a simplificación administrativa, el camino por recorrer aún es largo. “Se quiere llegar al puesto 25 en el Doing Business, pero hay mucho por hacer”, expresó.

Por su parte, Abusada insistió en que, en materia de reformas estructurales, no hay tiempo que perder, sobre todo en lo referente al desarrollo de infraestructura a través de las asociaciones público-privadas y las concesiones.

Fuente: Perú21

Jubilados de las AFP viven ahora hasta los 82 años

Los jubilados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) ahora viven 17 años -en promedio- de sus pensiones ante el aumento de la esperanza de vida en el Perú.

Teniendo en cuenta que actualmente la edad de jubilación es de 65 años, esto implican que viven hasta los 82 años, señaló el asesor de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Fernando Muñoz Nájar.

Indicó que la esperanza de vida en el Perú se ha incrementado en los últimos años y se sitúa hoy en 82 años, mientras que en 1993, cuando se creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP), era de 80 años y en 1950 de 72 años.

Sin embargo, consideró que no era necesario realizar ajuste alguno en el SPP, ya sea en la magnitud del aporte o en la edad de jubilación, pues el sistema individual de capitalización hace totalmente viable el sistema.

"Es muy importante que las personas tomen consciencia de que tienen que vivir 17 años de una pensión y sin trabajar", declaró a la agencia Andina.

En ese sentido, anotó que las iniciativas del gobierno deben apuntar a formalizar a los trabajadores informales y ver la manera de que los trabajadores que pagan Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría (independientes) aporten obligatoriamente a un sistema de pensiones.

Refirió que en estos momentos existe una Población Económicamente Activa (PEA) de 15 millones de personas, pero solo cuatro millones están afiliados a las AFP.

"Hay que tratar de que los trabajadores independientes, como los abogados, médicos, periodistas, entre otros, aporten a algún sistema de pensiones y a algún sistema de salud para evitar que se genere un problema social en el futuro", advirtió.

Consideró que el aporte de los trabajadores de Cuarta Categoría debería ser obligatorio pues está probado que si no es así las personas tienden a no aportar.

De otro lado, Muñoz Nájar previó que este año los fondos previsionales registrarán un buen desempeño al igual que el año pasado.

Fuente: Diario Gestión.

El 52% de jóvenes piensa quedarse para ejercer su carrera una vez que acabe la universidad

Ipsos Apoyo presentó encuesta en la CADE Universitaria 2010.

Por: Iana Málaga / Fernando González O

“Un compromiso por el cambio”. Esa fue la última consigna que dejó Patricia Gastelumendi, presidenta de la CADE Universitaria 2010, a los 720 jóvenes que asistieron a esta cita realizada del 3 al 5 de junio en la Escuela Naval de La Punta, en el Callao.

Sin duda, la palabra “compromiso” se ha escuchado innumerables veces en nuestros actores políticos, pero muchos nos dejan con un sabor amargo en la boca cuando no cumplen sus promesas. No obstante, a diferencia de nuestra clase dirigente, estos jóvenes trazaron sobre un papel metas concretas para alcanzar este año en temas de emprendimiento, inclusión y ética (los tres ejes centrales del encuentro). De hecho, varios se comprometieron a dar a conocer resultados concretos en la próxima CADE Universitaria. Una forma de demostrar que, por pequeñas o grandes que sean sus acciones, los universitarios se la están jugando por el Perú.

CON BUENOS OJOS

Durante la reunión de clausura de la CADE Universitaria 2010, Alfredo Torres, presidente de Ipsos Apoyo, presentó los resultados de la encuesta realizada a 417 universitarios que participaron en la cita. En términos generales, el sondeo reveló que hoy los jóvenes se sienten más optimistas sobre el futuro del Perú en los campos económico, laboral y político. Torres resaltó que este año el 52% de los encuestados piensa quedarse en el Perú para ejercer su carrera una vez que acabe la universidad, frente a un 40% de jóvenes que afirmó lo mismo en el 2009.

La sesión también contó con la presencia de Gonzalo Begazo, peruano que hoy trabaja como director de contabilidad en Google y quien dio una serie de pautas que deben seguir los jóvenes cuando se empeñen en lograr sus objetivos.

En la sesión final Elohim Monard, fundador de Recrea; Álvaro Hénzler, director ejecutivo de Enseña Perú ; Paloma Carpio, representante de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social; y Sara Calvo, de la Red Universitaria Ambiental , también hablaron sobre la necesidad de que los jóvenes se organicen y formen movimientos transformadores en el Perú.

Por último, Mario Cortijo, editor central de Información del diario El Comercio, instó a los estudiantes a que hagan realidad la promesa de construir el Perú con el que todos soñamos.

OPINIONES

“Me ha gustado interactuar con estudiantes de otras partes del país y aprender de ellos. Sería recomendable interactuar con líderes políticos”.
GRICELDA CORONEL. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE AREQUIPA

“Gracias a la calidad de los expositores, los jóvenes hemos podido reconocer problemas del país desde distintas perspectivas”.
JUAN DUEÑAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

“Me gustó mucho la exposición de Jaris Mujica [docente de la Universidad Católica] sobre corrupción. De esta CADE, me llevaré conocimiento y muchas amistades”.
FIORELLA ULLOA. U. ANTENOR ORREGO

“De esta reunión me llevo muchos amigos y conocimientos para implementar ideas sobre mi carrera y cómo relacionar mi trabajo con el desarrollo del Perú”.
ARACELLI PALACIOS. UNIVERSIDAD DE LIMA
Fuente: El Comercio

domingo, 6 de junio de 2010

Adulto mayor no pagará servicio de agua

Proceso.
SUNASS prepara evaluación de predios.
Congreso aprueba la Ley de Tarifa Social mediante la cual se busca beneficiar a pobladores de bajos recursos.

Redacción La República.

Buena nueva. El pleno del Congreso aprobó por unanimidad la ley que establece la aplicación de una tarifa social en los servicios de agua para los adultos mayores por ser ellos quienes destacan su rol en la formación ético-moral de las familias peruanas.

A raíz de esta aprobación, la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) elaborará las disposiciones necesarias para incluir dentro de la tarifa social a los predios habitados por personas adultas mayores que cumplan ciertos requisitos, con previa evaluación de cada caso.

Con este nuevo dictamen se quiere regularizar los derechos del adulto mayor, consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales vigentes y estipulados en la Ley 28803, que buscar garantizar los mecanismos para que personas de edad mayor gocen de esos beneficios.

“Darles este acceso a una tarifa social en los servicios de saneamiento es mejorar la calidad de vida del adulto mayor en estado de necesidad. Hay que pensar que utilizan sus pensiones para tratar de satisfacer sus necesidades básicas y así no depender permanentemente de sus familiares”, explicó la congresista Alda Lazo.

Fuente: La República

¿El Perú avanza?

Carlos A. Anderson (*)

Si nos limitamos a las variables que determinan el comportamiento macroeconómico (crecimiento, inflación y tipo de cambio), entonces la respuesta es sí. Pero el objetivo principal del ejercicio del poder no puede ni debe ser solamente impulsar el crecimiento económico. El objetivo debe ser avanzar hacia el "desarrollo" económico, concepto que involucra mejoras sustantivas en la "calidad de vida de las personas" y el logro de libertades relacionadas con la posesión de activos monetarios y no monetarios (como educación, salud, seguridad, vivienda y nutrición). Aquí, el déficit del gobierno aprista sigue siendo considerable.

En avisos en diarios, radio y televisión, el gobierno nos dice, por ejemplo, que para reforzar la seguridad ciudadana luego de 4 años "hay 4 mil vehículos más, 5 mil computadoras y 23 mil nuevos policías". Pero, me pregunto: ¿Dónde están? Las calles de Lima—y ni hablar de provincias—siguen siendo de las más desoladas y peligrosas de América Latina. Nos recuerda la publicidad oficial "El Perú Avanza", que en estos 4 años de gobierno aprista "han ingresado al país 240,000 vehículos nuevos y que este año se tiene previsto vender 100,000 autos nuevos", pero nada nos dice acerca de qué se ha hecho para aliviar el caos del transporte, eliminar las combis asesinas, y sacar de circulación a los autos chatarra y los omnibuses contaminantes de más de 30 años. Y ni qué decir del número creciente de muertes en las carreteras.

En materia de educación la publicidad oficial anuncia que se ha capacitado a más de 40,000 maestros y que este año se incorporarán a la Carrera Pública Magisterial 70,000 maestros, con sueldos dignos, de acuerdo a sus méritos. Ojalá. Pero que alguien me quite la siguiente duda: ¿Vale la pena gastar 372 millones de soles en la reconstrucción, modernización e implementación de 21 colegios emblemáticos de Lima, es decir, casi 18 millones de soles (más de 6 millones de dólares) por colegio? Estoy seguro que las compañías constructoras ganadoras de la buena pro de cada uno de estos proyectos piensan que sí, pero a mí me huele a un nivel de sobrevaluación solo comparable con la "construcción" de la autopista al aeropuerto o a la "construcción" del Metropolitano. ¡Felizmente que el costo por colegio en provincias es de apenas 16.3 millones de soles (5.8 millones de dólares)!

Y quítenme esta otra duda: En vez de que Essalud entregue 50 Unidades Básicas de Atención Primaria (UBAP), 15,000 equipos bio-médicos de alta y mediana complejidad y 350 ambulancias, ¿no hubiera sido preferible que entregue 350 UBAP y 50 ambulancias? No soy un experto, pero si los recursos son escasos, estos deben ir a donde tengan un mayor impacto. 350 nuevas ambulancias (¿A cuánto por ambulancia?). Me parece un número un poco exagerado.

Podríamos discutir uno a uno los dichos del gobierno en la publicidad oficial al punto tal de parecer mezquinos en nuestra apreciación. El anuncio de marras está lleno de imprecisiones, medias verdades y verdades que poco o nada tienen que hacer con la gestión del gobierno (un millón 600 mil empleos, 24 millones de celulares) y que pertenecen más bien al ámbito del sector privado. Pero hay una afirmación que merece una clara respuesta: la reducción de la pobreza.

Admitamos como ciertas las estimaciones del INEI (con aval del Banco Mundial), según las cuales a pesar del 0% de crecimiento del PBI (y negativo crecimiento del PBI per capita) la "pobreza" disminuyó en 1.4%, y que por lo tanto "en 4 años de gobierno, 3 millones de peruanos han dejado de ser pobres". Pero ahora hagámosnos la siguiente pregunta: si no son pobres, ¿qué son? ¿Ricos? Por supuesto que no. La definición de pobreza a la que se refiere la publicidad oficial es la más pobre de las definiciones, ya que apenas nos dice que ha disminuido el número de personas que viven con 2 dólares o menos al día. El gobierno ha llegado al extremo de declararse—futboleramente—"campeón mundial en la lucha contra la pobreza". Por favor. Para que el Perú en verdad avance, se requiere un poco más de humildad.

(*): Economista.

Fuente: Diario Gestión

Pensiones para parejas

El MEF publicó un reglamento que favorece a las parejas, sean casadas o convivientes.

Hay una buena noticia para las parejas en edad de jubilación que no hubiesen podido obtener una pensión por derecho propio en el Sistema Nacional de Pensiones. De ahora en adelante, las personas que no podían acceder a una pensión del Estado por no cumplir con el mínimo de años de aporte, podrán hacerlo siempre y cuando entre los dos esposos completen 20 años de aportes. También podrán tener este beneficio las parejas convivientes, previa acreditación de esa condición a través de una sentencia judicial.

Hace unos días el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento de la Ley 29451, que establece el régimen especial de jubilación para la sociedad conyugal y para las uniones de hecho, dentro del Sistema Nacional de Pensiones.

“Este reglamento es importante porque incorpora dos innovaciones: la posibilidad de acumular aportaciones por 20 años entre ambos cónyuges para poder acceder a pensión y la posibilidad de que las uniones de hecho puedan también acceder a pensión en los mismos términos que los cónyuges, pues con la normatividad actual, los convivientes no podían acceder a pensión de viudez en caso de que su pareja falleciera”, refirió Gina Salazar, especialista en temas previsionales del estudio Rubio Leguía Normand & Asociados.

REQUISITOS

Según el reglamento, la edad mínima de jubilación requerida para ambos cónyuges o convivientes es de 65 años de edad cumplidos al momento de la presentación de la solicitud de pensión.

Además, la antigüedad del matrimonio civil para las sociedades conyugales (parejas) debe ser mayor de 10 años y debe ser acreditada con la partida de matrimonio civil, expedida con una antigüedad no mayor de 30 días.

En el caso de las uniones de hecho, el período exigible de convivencia permanente y estable es de más de 10 años. Cabe indicar que dicho estado de convivencia deberá ser acreditado mediante sentencia judicial firme que declara la unión de hecho.

Otro requisito que figura en la norma es que la pareja debe presentar una declaración jurada en la que ambos manifiesten que no perciben pensión de jubilación bajo algún régimen previsional u otro que otorgue prestaciones económicas de manera periódica por parte del Estado.

Para acceder a la pensión especial de jubilación, es necesario que las aportaciones efectuadas por ambos sumen 20 años.

“La novedad de esta norma consiste en que una persona de 65 años o más podrá acceder a una pensión de jubilación a pesar de no cumplir con el requisito de los aportes mínimos, dado que se le permite sumar al período individual acumulado los años de aporte de su cónyuge o conviviente, siempre que ella o él tampoco perciba una pensión de jubilación”, explicó Daniel Ulloa, jefe del área laboral del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas.

¿CUÁNTO RECIBIR?

El monto de la pensión que le corresponderá a la sociedad conyugal dependerá de la cantidad que haya aportado la pareja en los últimos 60 meses contados desde la última contribución, señaló Érika Vargas Machuca, abogada laboralista del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados.

“Los últimos 60 meses desde el último aporte que hicieron se divide entre 60 y de ahí sale la remuneración de referencia. Por los primeros 20 años de aportes se les va a dar el 20% de este resultado de referencia. Por cada año adicional que tuvieran de aportes van a recibir el 2% de la remuneración de referencia”, agregó Vargas Machuca.

Ulloa indicó que si en un mes ambas personas de la sociedad conyugal aportaron, se considerará el ingreso promediado.

“El monto mínimo de la pensión no podrá ser menor que la pensión mínima de jubilación que otorga el Sistema Nacional de Pensiones”, refirió el abogado de Rebaza, Alcázar & De Las Casas.

Así, con el nuevo reglamento la pareja podrá recibir el beneficio previsional, pero no corresponderá a una pensión para cada uno de los miembros de la sociedad conyugal, sino que será una sola pensión para la pareja.

¿CÓMO SOLICITAR?

Si usted y su pareja reúnen los requisitos expuestos, puede solicitar el beneficio.

“La pensión obtenida califica como un bien social, esto es, toda pareja deberá decidir quién de los dos será el representante para poder iniciar el trámite, y se pagará a través de una cuenta mancomunada”, dijo Ulloa.

El reglamento que publicó el MEF incluye también algunos casos en que termina el beneficio de la pensión conyugal.

“Cuando fallece uno de los integrantes de una pareja beneficiada por este reglamento, el cónyuge supérstite (el cónyuge que no ha fallecido) continúa recibiendo la pensión, pero solo el 50%”, manifestó Vargas Machuca.

La pensión caducará si el matrimonio se invalida o si este o la convivencia se disuelven mediante sentencia judicial.

“La pensión se suspende si cualquier miembro de la sociedad percibe ingresos mensuales por trabajos dependientes (estar en planilla) o independientes que sumados a la pensión superen el 50% de la UIT vigente, estando obligados a devolver las pensiones recibidas durante el tiempo que se percibieron aquellos ingresos”, explicó Ulloa.

PUNTO DE VISTAPor: Jorge Toyama Abogado laboralista
Con el propósito de acceder a una pensión de jubilación, se han emitido disposiciones para que los cónyuges o convivientes puedan sumar sus aportes como si fueran un solo jubilado.


Esta norma solo aplica para las pensiones de la ONP. Para las AFP, los aportes son individuales y la pensión no depende de los años de aportación sino de la cantidad aportada.

Los esposos deben tener 65 años de edad, sumar un mínimo de 20 años de aportes (los aportes pueden ser obligatorios o voluntarios, antiguos o nuevos) y estar más de 10 años de casados. La pensión es de la sociedad conyugal y se depositará en una cuenta mancomunada. Solamente se dejará de pagar en caso de divorcio. Y si fallece un cónyuge, la pensión se reducirá en 50% (como cualquier otro régimen).

Actualmente solo el 20% de peruanos accede a una pensión. Por ello, todas las normas y mecanismos que ayuden a facilitar el acceso a una jubilación es positivo. Es necesario trabajar a futuro para implantar —a través de los colegios— una cultura laboral y previsional en la sociedad, incluir en planillas a los informales así como asegurar a los independientes. La salud, jubilación e invalidez son derechos esenciales para los trabajadores y sus familias.

Fuente: El Comercio

El MEF no define aún aportes para pensiones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no define aún el presupuesto que asignará para cofinanciar el acceso a la seguridad social de los dueños y trabajadores de las microempresas que se acojan a los beneficios de la ley mype.

Este es uno de los pocos temas pendientes por reglamentar de la norma, modificada en julio del 2008 y que el ministro de la Producción, José Gonzales, esperaba zanjar en marzo.

“Reconozco que hay un retraso. No obstante, este es un tema que continúa en agenda y que esperamos definirlo, junto al MEF, en el segundo semestre del año”, dijo el funcionario.

La propuesta original planteaba que por cada S/.15 que aportara el trabajador de una mype, el Estado abonaría una cifra similar. Sin embargo, Gonzales dijo que el tema no ha sido obstáculo para que cada vez un mayor número de mypes se formalice.

Fuente: El Comercio

jueves, 3 de junio de 2010

Essalud y el sector privado aprenderan a colaborar para reformar‏

El presidente ejecutivo de Essalud informó que se construirán más hospitales aplicando modalidad de Asociación Público Privada (APP). El asegurado seguirá asistiendo a un hospital público, sin incremento ni pago complementario alguno. (RPP, 03/06/2010).

Celebramos que el Presidente de EsSalud, que había optado por mantener un perfil bajo hasta hace poco, esté discutiendo públicamente una de las reformas que está liderando, la cual celebramos aún más: atraer inversión, gestión e incentivos privados a la provisión de infraestructura o servicios de salud. Es importante este enfoque, típico en diversos estados modernos como puede observarse en la publicación Public-private partnerships and collaboration in the health sector del Banco Mundial. Este enfoque permite solucionar efectivamente las fallas de mercado -fallo de competencia, bienes públicos, externalidades y asimetrías de información- al superar las fallas de Estado -que resultan, en un entorno de un nulo o pobre rendimiento de cuentas, del predominio descontrolado de los incentivos políticos-. También se pueden usar esquemas similares para nutrición; educación; investigación, ciencia y tecnología y, como estamos tratando con algunos éxitos y no pocos tropiezos, infraestructura. Ojalá sigamos avanzando en esta línea, desnudando los argumentos falaces de quienes conocen poco de políticas públicas efectivas, están nublados por una ideología probadamente caduca y encima le sirven la mesa a los rentistas que trabajan con o dentro del Estado.

El leitmotiv de la reforma de EsSalud es que la institución garantice a sus asegurados acceso a los servicios de salud de la forma más efectiva posible. Para ello se están utilizando tres medios. Primero, acuerdos para la oferta propia de servicios. Segundo, convenios público-públicos con gobiernos subnacionales, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y universidades públicas. Tercero, alianzas público privadas (APP) con universidades, empresas, cooperativas, ONG y organizaciones religiosas. Ya se concretó, por ejemplo, una APP con un hospital español que invertirá US$150 millones en construir dos hospitales de doscientos cincuenta camas cada una. La inversión se repagará en 32 años. Faltaría definir cómo pagará esto el sector público.

Las reformas pendientes en EsSalud y en la provisión de salud en nuestro país, sin embargo, son muy importantes. Desde su diseño, el servicio de EsSalud no ha estado focalizado adecuadamente. Eso contribuye al arbitraje regulatorio, ya que un grupo importante de personas de altos ingresos contrata seguros privados que no cubren las enfermedades más caras de atender, porque saben que EsSalud estará ahí. No se ha hecho esfuerzos por focalizar la intervención pública en salud y ya se está adoptando el Seguro Universal de Salud, que también tiene fallas importantes en su diseño. Los recursos humanos en la salud pública van desde excelentes hasta pésimos. Los sueldos que reciben van desde excesivos hasta risibles. No se quiere tomar ese toro por las astas, con lo que se compromete la salud o la vida de los ciudadanos, para "no conculcar el derecho adquirido al trabajo". ¿Acaso no están en conflicto los derechos a la salud y la vida con el derecho al trabajo? El proceso podría ser gradual, con evaluaciones independientes de los que entrarían y saldrían, además de bonos de productividad, reformando así profunda e irreversiblemente la salud en nuestro país.

Fuente: IPE

Por una verdadera reforma del sistema de jubilación

El Congresista Isaac Mekler informó que ha presentado un proyecto de ley ante la Comisión de Seguridad Social del Parlamento para otorgar una pensión a aquellas personas que trabajan de manera informal. Explicó que en Perú el 70% de su economía es informal. (RPP, 24/05/2010).

Como ocurre con frecuencia en nuestro país, el congresista Mekler ha presentado una propuesta que persigue una causa justa, pero tiene poco sentido económico -y encima de todo es ilegal, ya que representa iniciativa de gasto, pese a que incluya alternativas de financiamiento aparentemente innovadoras que solo doran la píldora de la inconstitucionalidad mencionada. Quedémonos con el objetivo: permitir a trabajadores informales acceder a una pensión. Es más, ampliemos el objetivo: universalizar la cobertura previsional. ¿Qué esquema de incentivos se tiene que adoptar para lograr tal objetivo? ¿Qué cambios organizacionales se requieren? ¿Cómo se financiaría la reforma? Aquí algunas ideas preliminares al respecto.

El análisis de la informalidad que la reduce a que los costos de ser formal son muy considerables es, obviamente, parcial. Un análisis más completo, en el que se comparan los beneficios y costos de ser formal o informal, es más apropiado (ver documento Informality in Latin America and the Caribbean del Banco Mundial). Bajo este enfoque, la economía peruana es la quinta más informal del mundo, no solo porque lidiar con el Estado es costoso, sino porque los beneficios asociados a la formalidad son deleznables para la mayoría de los peruanos. En ese sentido, pese a que representa un avance del anhelo de tener una sociedad con oportunidades más parecidas, la Ley de Aseguramiento Universal de Salud y su reglamento son una oportunidad perdida para contribuir a conseguir lo anterior. Por ejemplo, la Ley no focaliza la intervención pública ni promueve la competencia en la provisión del aseguramiento de salud. No cometamos el mismo error con la universalización de las pensiones.

La universalización de las pensiones y el aseguramiento universal deberían ir de la mano. Se debería ofrecer al informal una “pensión solidaria” y un plan de salud básico a cambio de una contribución mínima, voluntaria en caso no esté trabajando temporalmente. El Estado debería compensar estos planes, focalizando su intervención. Podría hacer campañas, por ejemplo, en función de la disponibilidad presente y futura de recursos públicos. Podría crear un fondo soberano para, entre otros usos, formalizar usando estos instrumentos. También se requeriría que instituciones privadas, elegidas por concurso público, elijan a los beneficiarios y publiquen el padrón de los mismos. Trabajadores independientes de ingresos medio altos no deberíamos recibir ni un céntimo de subsidio público. Recibimos mucho más actualmente.

Una reforma de esta naturaleza tendría que acompañarse con al menos dos cambios adicionales. Primero, promover mayor competencia en el Sistema Privado de Pensiones. Se podría, por ejemplo, centralizar y regular la administración de la relación con los afiliados o pensionistas, donde está la barrera a la entrada de competidores, además de liberalizar la de inversiones y mejorar los incentivos para el manejo de las mismas. Segundo, centralizar todos los esquemas de pensiones públicos en éste esquema reformado, regulado mejor, administrado por privados y con cuentas individuales de capitalización.

Fuente: IPE