Como ocurre con frecuencia en nuestro país, el congresista Mekler ha presentado una propuesta que persigue una causa justa, pero tiene poco sentido económico -y encima de todo es ilegal, ya que representa iniciativa de gasto, pese a que incluya alternativas de financiamiento aparentemente innovadoras que solo doran la píldora de la inconstitucionalidad mencionada. Quedémonos con el objetivo: permitir a trabajadores informales acceder a una pensión. Es más, ampliemos el objetivo: universalizar la cobertura previsional. ¿Qué esquema de incentivos se tiene que adoptar para lograr tal objetivo? ¿Qué cambios organizacionales se requieren? ¿Cómo se financiaría la reforma? Aquí algunas ideas preliminares al respecto.
El análisis de la informalidad que la reduce a que los costos de ser formal son muy considerables es, obviamente, parcial. Un análisis más completo, en el que se comparan los beneficios y costos de ser formal o informal, es más apropiado (ver documento Informality in Latin America and the Caribbean del Banco Mundial). Bajo este enfoque, la economía peruana es la quinta más informal del mundo, no solo porque lidiar con el Estado es costoso, sino porque los beneficios asociados a la formalidad son deleznables para la mayoría de los peruanos. En ese sentido, pese a que representa un avance del anhelo de tener una sociedad con oportunidades más parecidas, la Ley de Aseguramiento Universal de Salud y su reglamento son una oportunidad perdida para contribuir a conseguir lo anterior. Por ejemplo, la Ley no focaliza la intervención pública ni promueve la competencia en la provisión del aseguramiento de salud. No cometamos el mismo error con la universalización de las pensiones.
La universalización de las pensiones y el aseguramiento universal deberían ir de la mano. Se debería ofrecer al informal una “pensión solidaria” y un plan de salud básico a cambio de una contribución mínima, voluntaria en caso no esté trabajando temporalmente. El Estado debería compensar estos planes, focalizando su intervención. Podría hacer campañas, por ejemplo, en función de la disponibilidad presente y futura de recursos públicos. Podría crear un fondo soberano para, entre otros usos, formalizar usando estos instrumentos. También se requeriría que instituciones privadas, elegidas por concurso público, elijan a los beneficiarios y publiquen el padrón de los mismos. Trabajadores independientes de ingresos medio altos no deberíamos recibir ni un céntimo de subsidio público. Recibimos mucho más actualmente.
Una reforma de esta naturaleza tendría que acompañarse con al menos dos cambios adicionales. Primero, promover mayor competencia en el Sistema Privado de Pensiones. Se podría, por ejemplo, centralizar y regular la administración de la relación con los afiliados o pensionistas, donde está la barrera a la entrada de competidores, además de liberalizar la de inversiones y mejorar los incentivos para el manejo de las mismas. Segundo, centralizar todos los esquemas de pensiones públicos en éste esquema reformado, regulado mejor, administrado por privados y con cuentas individuales de capitalización.
Fuente: IPE
Fuente: IPE
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