La reforma del mercado laboral está probando ser un tema tanto o más espinoso que la concesión de la infraestructura portuaria o la exportación de gas, y más postergado que la clasificación del Perú a un mundial de fútbol.
Bromas aparte, no es serio aludir al "momento político" para evadir una responsabilidad que debió asumirse desde el inicio mismo de este gobierno porque esta reforma se viene truncando desde el gobierno anterior y siempre por razones de tipo político.
Desde este mismo espacio hemos demandado que se culminen las reformas pendientes, como esta, cuyo principal propósito –flexibilizar la normatividad y agilizar la movilidad laboral– es necesario para elevar la competitividad del país y para mejorar las condiciones de empleo. Si bien ha aumentado el empleo formal urbano, la informalidad laboral sigue siendo bastante alta (75%) en desmedro de decenas de miles de jóvenes que cada año emprenden la búsqueda de un puesto de trabajo que cubra sus expectativas.
La informalidad no cede en parte porque la ley de la pequeña y microempresa, la cual permite la reducción de sobrecostos laborales (por ejemplo, el Estado asume parte del aporte para pensiones), no está al 100% operativa.
En el sector público tampoco se ha aprobado la legislación que permita la carrera pública, el ascenso y pago de remuneraciones por méritos, y se evite de una vez por todas la proliferación de empleos sustentados en el clientelismo político y en el nepotismo. En el Congreso duerme el sueño de los justos la famosa Ley General de Trabajo, en parte porque no refleja la realidad y por ello nadie nueve un dedo para aprobarla.
Dado que este gobierno ya tiró la toalla en el tema laboral, esperemos que en el debate para las próximas elecciones generales y en la próxima administración, se tomen cartas en el asunto y esta reforma sea una de las prioritarias y urgentes.
Es claro que una mejor legislación laboral no va a elevar, por sí sola, la calidad de los empleos en el país, pero ciertamente será un pilar fundamental para que las empresas se sientan más seguras cuando contraten personal, sabiendo que podrán retener a quienes lo merecen. En un entorno competitivo, la meritocracia también es pieza clave, sobre todo en el sector público, pero hace falta una legislación moderna que la respalde.
Fuente: Diario Gestión
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